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El asunto de “El
Hijo del Ahuizote”.
Año I. – 1a Epoca. México, Septiembre 30 de 1900. Tomo I.
– Núm 8 p. 7 - 16
Resumen.
Dada la importancia de este caso “Regeneración” hace un estudio extenso de
él, el estudio esta dividido en: Hechos; Mandato del gobernador Mercenario; No
se comprobó el dolo; El delito de imprenta; Ley aplicable al caso; La
prohibición de leer y escribir; Observaciones a la sentencia: I; II; III; IV;
V; VI; VII; XIII; IX; X; XI; Un detalle curioso; Las prensas tipográficas como
instrumento de delito y Conclusión.
Hechos.
10 de julio de 1900 se presenta el apoderado del gobernador Lic. Luis G. Valdés
ante el Agente del Ministerio Público Lic. Demetrio Sodi formulando una
querella a nombre del gobernador Sr. Mercenario por difamación en contra del
director de “El Hijo del Ahuizote” y
los responsables de la columna “Ahuizotadas”
(núm. 789 y 741 del periódico). El caso se turna al Lic. Emilio Pérez de León,
Juez 1º Correccional. El mismo día se abre la averiguación previa y a la vez se
ordena la clausura del establecimiento tipográfico y la aprehensión de: D.
Remigio Mateos (Director), D. Ramón Félix Devaille (regente de la imprenta),
Alfonso Cabrera (Administrador), Fernando Celada, Leonardo Prado, se aprehendió
también a D. Luis Mata, Administrador de la imprenta de “El Diario del Hogar” por responsabilidad de una columna de “El Hijo del Ahuizote”. Arturo Paz (amigo
del gobernador) presenta nueva averiguación contra el mismo periódico por
difamación, resultando el decomiso de las piedras litográficas de algunos
diseños y trazos. En el proceso se encontraron culpables y condenaron a Remigio
Mateos y Alfonso Cabrera a dos años nueve meses de prisión más la pena de no
leer y escribir. Leonardo Prado sentenciado once meses de arresto y 200 pesos
de multa. Fernando Celada y Ramón Félix Devaille tres meses de arresto y 200 de
multa. Las prensas y piedras litográficas decomisadas. Los sentenciados
apelaron en el Tribunal Superior.
El
mandato del Gobernador Mercenario. El día 10 de julio que se presenta la
querella, Luis G. Valdés apoderado del gobernador, ése mandato, que dijo se lo
habían conferido en realidad no lo tenía, pues no presentó documento alguno que
comprobara esa personalidad, el testimonio de mandato fue presentado el día
siguiente, nota presentada por el Notario, violando así el articulo 658 del
Código Penal, y 54 del de Procedimientos. Al no observar estos artículos todo
el proceso es nulo. Una situación (que no contempla el Código Penal) es que una
querella se pueda levantar con una escritura pública o carta poder, la carta
poder esta contemplada en el Código Civil, no en el Penal además analizando el
Código Penal en su artículo 638 y el 55 de Procedimientos no encaja el “mandato” para levantar un proceso.
No
se comprobó dolo. La querella se acompañó únicamente del ejemplar en que esta
el párrafo denunciado, el cual esta escrito en términos ambiguos por lo que se
requería una explicación cosa que no se hizo y no comprobado el dolo, el Juez
Procedió a la captura de los acusados. La Difamación toma el nombre de Calumnia
cuando el hecho imputado constituye un delito. La difamación consiste el
comunicar dolosamente un hecho, la calumnia necesita necesariamente de la
difamación. Al no comprobarse el dolo, el juicio no procede. “Ha obrado pues, sin tener comprobado el
cuerpo del delito”. Artículo 104 del Código de Procedimientos Penales.
El
Juez Pérez de León recusado[1]. Los
defensores de los procesados recusaron al Juez con fundamento en el artículo
548 fracción I del Código de Procedimientos Penales. Luis G. Valdés tenía
notorias y estrechas relaciones de afecto con el Juez Pérez de León. Dicho
Código en el artículo 551 dice que serán rechazadas las recusaciones cuando no
estén en tiempo y forma. Ésta se hizo en tiempo y forma y aún así se rechazó.
Cuando la recusación procede según el artículo 552 y 557 de ese Código de
Procedimientos el efecto del caso se suspende y se turna al Tribunal Superior
para su calificación. El Juez Pérez la calificó,
por lo tanto tomó atribuciones del Tribunal Superior.
El
delito de imprenta. “Regeneración”
argumenta que los médicos, cirujanos y dentistas lesionan el cuerpo, sin
embargo no son perseguidos por que su fin último es sano. En el caso de la
prensa honrada el fin último es la democracia y para eso se necesita el
conocimiento, por lo que el fin último de la prensa es el buen funcionamiento
social. ¿Cómo se logra esto? Examinando al funcionario en sus funciones
públicas, evidenciando sus aptitudes o vicios. En el artículo 1º del Código
Penal dice que el que practica un derecho o cumplimiento de una obligación, no
delinque, por lo que en ello no hay dolo.
Ley
aplicable al caso. El Juez Pérez aplicó el Código Penal en vez de la Ley
Orgánica de la Libertad de Prensa reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la
Constitución. En ese momento se argumentó que dicha Ley Orgánica pronunciada el
31 de enero de 1868 fue derogada por la reforma al artículo 7º constitucional
el 15 de mayo de 1883, sin embargo para que una derogación tome efecto debe
expresar que la anterior queda invalidada o debe ser contraria a la anterior,
ninguna de estas situaciones ocurrió, por lo que la Ley Orgánica de la Libertad
de Prensa reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución, estaba
vigente en 1900, además dicha reforma se refiere al procedimiento no a la pena.
La
prohibición de leer y escribir. Esta pena impuesta por el Juez Pérez, es
inusitada y trascendental. Inusitada, pues nunca se había utilizado por ser
contraria al espíritu constitucional, al desarrollo de la civilización, al
espíritu liberal y aspiraciones de libertad. Trascendental porque priva a los
Sres. Mateos y Cabrera del ejercicio de su profesión honrada, es también
trascendental porque al prohibirles leer y escribir se señala a periodismo como
profesión no útil, deshonesta y deshonrosa. Violando también el artículo 4º y
22 constitucional: libre ejercicio de profesiones.
Observaciones
a la sentencia I. “El Juez da por
probado, lo que no esta probado y para hacerlo, se basa en suposiciones”.
El artículo denunciado como calumnioso es ambiguo, y aún así se dio proceso
Penal, el Juez dice que “da a entender”
la comisión de un delito. En materia penal las sentencias no se basan en
suposiciones sino en probanzas. Además el Juez dice que Mateos confesó haber
cometido delito, confesión que no esta en ningún acta.
Observaciones
a la sentencia II. Fernando Celada y Leonardo Prado declararon que en los
números denunciados escribieron algunos versos, pero no declararon haberlos
visto y aprobado antes de su publicación, el Juez dio por sentado que estas
personas aceptaron haber calumniado a Mercenario, habiendo ellos aceptado haber
escrito versos.
Observaciones
a la sentencia III. Al Sr. Alfonso Cabrera se le condena por haber ordenado el
enfajillamiento de periódicos, el reparto a los subscriptores y el transporte
de los dibujos, pero no confesó haber conocido el contenido del periódico,
menos los párrafos denunciados, además Cabrera es menor de edad y el Juez no
tomó en consideración esta circunstancia que aminora la pena.
Observaciones
a la sentencia IV. Román Félix Devaille condenado por haber hecho el tiro
tipográfico de los números denunciados, al igual que Luis Mata se le condenó
por haber visto no leído los párrafos denunciados.
Observaciones
a la sentencia V. Al asegurarse las prensas y demás útiles del establecimiento
tipográfico del “El Hijo del Ahuizote”
no se consideró que allí se estaban llevando a cabo otros trabajos de
impresión. Además se vaciaron en costales las letras de las cajas haciéndolas
inservibles, así que en caso de decomiso ya no servirían ni al gobierno. Así el
Juez dañó al particular y al gobierno.
Observaciones
a la sentencia VI. Al asegurarse la piedra en que se grabó a Paz en forma de
reptil, se tomaron otras piedras, trazos y diseños que no estaban contemplados
en la querella, por lo que el acto fue arbitrario, y fuera de la ley.
Observaciones
a las sentencia VII. El Lic. Francisco Serralde defensor de Alfonso Cabrera
pidió celebrara un exhorto al Juez de 1º Instancia de Chilpancingo para que
remitiera una copia certificada de la causa contra el agresor de Caneda. Esta
prueba fue negada por el Juez Pérez de León, la negativa de la prueba amerita
un amparo que implicará un reproche a “sus
escasos conocimientos”.
Observaciones
a la sentencia VIII. Arturo Paz obtuvo un ejemplar de “El Hijo del Ahuizote” que no había circulado, es un misterio cómo
obtuvo ese ejemplar.
Observaciones
a la sentencia IX. En el considerando 1º inciso II el Juez asegura que Prado
quería ver “chuela” [sic] a
Mercenario y en Resultado 3º dice el Juez que Prado declaró que quería ver “chuela” [sic] al Lic. Valdés. Las
modificaciones a las declaraciones de los reos son regulares.
Observaciones
a la sentencia X. El pleito que sostuvo Arturo Paz contra los redactores de “El Hijo del Ahuizote” fue por una
caricatura en que se le representaba en forma de reptil, la sentencia por el
delito de injurias incluye el artículo “Un
problema”. La autoridad judicial no debe buscar otros elementos que el
denunciado no haya sometido a su consideración.
Observaciones
a la sentencia XI. El Juez ha asentado dogmáticamente su sentencia, dijo que
Mateos y Corona habían aceptado su delito, sin que dicha confesión exista.
Además hace afirmaciones sin que sean comprobadas como la ubicación de la
imprenta.
Un detalle curioso. El Juez negó la
solicitud bajo caución a Alfonso Cabrera porque el hermano de éste se encuentra
prófugo. El temor de que obrara igual que su hermano prevaleció. “Sin comentarios” dice “Regeneración”.
Las prensas tipográficas como instrumentos de
delito. En este número por falta de espacio no tratarán este punto, lo tratarán
de abordar después.
Conclusión.
Con lo antes expuesto se espera mejorar el ánimo del público conocedor. Se
espera que la energía del defensor de los acusados, Lic. D. Francisco Serralde,
unida a su incorruptibilidad no desfallezcan.
Persona.
Cabrera, Alfonso. Administrador de “El Hijo del Ahuizote” (México, D.F.)
Celada, Fernando. Escritor de versos en “El Hijo del Ahuizote” (México, D.F.)
Félix Devaille, Ramón. Administrador de la Imprenta Tipografía Literaria Betlemitas
Mata, Luis. Administrador de la Tipografía Literaria Betlemitas
Mateos, Remigio. Director de “El Hijo del Ahuizote” (México, D.F.)
Mercenario, Antonio. Gobernador
Prado, Leonardo. Redactor de “El Hijo del Ahuizote” (México, D.F.)
Paz, Arturo.
Denunciante de “El Hijo del Ahuizote”. Amigo del Gobernador Mercenario
Pérez de León, Emilio. Juez 1º Penal
Serralde, Francisco. Abogado defensor de “El Hijo del Ahuizote” (México, D.F.)
Sodi, Demetrio.
Agente del Ministerio Público
Valdés, Luis G. Abogado del Gobernador Mercenario
Documento.
Código Penal. 1880 Artículo
658, 638, 1º
Código de Procedimientos Penales. 1894 Artículo
54, 55, 104, 548 fracción I, 551, 552, 557
Ley Orgánica de la Libertad de Prensa
reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución. 31 de enero de 1868
Constitución Federal de los Estados Unidos
Mexicanos (5 de febrero de 1857). Artículos 6, 7, 4, 22
Constitución Federal. Adiciones y reformas 15 de
mayo de 1883
Piedras
litográficas de “El Hijo del Ahuizote”
“El Hijo del
Ahuizote” (México, D.F.) número 789 y 741
“El Diario
del Hogar” (México, D.F.)
Organismo.
Tribunal Superior de Justicia de la Nación
Juzgado 1º Penal del D.F., México
Tema.
Libertad de imprenta
Libertad de expresión
Difamación
Calumnia
Recusación
Procesos penales irregulares
Ética - Jueces
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