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NO A LOS VIOLENTOS
Desde que en los años
70 fue acabado el intento guerrillero encabezado por Lucio Cabañas,
en Guerrero, el país no asistía a un brote de violencia
rural como el que comprende desde ayer al estado de Chiapas.
La situación es condenable, entendible y delicadísima,
todo al mismo tiempo, y para explicarla es preciso deslindar
cuidadosamente los elementos.
Cualquier violencia contra el
estado de derecho, venga de donde viniere, tiene que ser en principio
algo para condenar. Pero si quienes encabezan el alzamiento chiapaneco
se proponen, entre diversos objetivos, la remoción del
presidente de la República, vencer al Ejército
Mexicano y avanzar triunfalmente hacia esta capital, ya no se
sabe dónde empieza el mito milenarista, dónde el
delirio y dónde la provocación política
calculada y deliberada.
Sin que conozcamos todavía
quiénes componen la avanzada ideológica y militar
del grupo, es evidente que sus miembros se han incrustado en
las comunidades indígenas y enarbolan un lenguaje no sólo
condenable por encarnar sin matices la violencia, sino porque
sus propósitos son irracionales. Y la irracionalidad le
hace enorme daño a las colectividades, a las naciones
y a los pueblos.
El aspecto que vuelve entendible,
aunque no justificable al alzamiento, lo aporta sin duda el contexto.
Han sido por demás numerosos los indicios de que existe
en la frontera sur el caldo de cultivo para una coyuntura explosiva.
Caldo de cultivo con raíces un tanto inmediatas como históricas.
En Chiapas no ha habido una
verdadera reforma agraria; los cacicazgos más arcaicos
y tradicionales explotan a las comunidades indígenas,
y la enorme mayoría de éstas subsiste dentro de
una ignominiosa pobreza extrema.
Las posibilidades del centro
apenas han llegado a Chiapas, y los últimos emprendimientos
del gobierno --el amplio reparto de tierras en años recientes,
o 40 millones de nuevos pesos destinados a la región de
Ocosingo-- han sido una desigual carrera contra el tiempo. La
historia y los violentos fueron más rápidos.
El aspecto delicadísimo
del asunto reside en que las autoridades deben medir con extremo
cuidado los pasos a dar. Por ejemplo, hay que deslindar entre
los aventureros y profesionales de la muerte, hay que separarlos
a ellos muy bien de las comunidades indígenas empobrecidas
y desesperadas.
Estas, ahora menos que nunca,
pueden ser objeto de la represión indiscriminada, sino
de políticas efectivas que resuelvan un rezago social
que lleva siglos. Se han elevado voces que tienen derecho a ser
escuchadas.
El Gobierno de la República
convoca a estos sectores a la cordura y a deponer la actitud
asumida. Los Obispos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y
San Cristóbal de las Casas proponen el camino de una disposición
mutua al diálogo positivo.
Y la Premio Nobel de la Paz,
Rigoberta Menchú, también convoca a una salida
negociada y dialogada, en la cual se evite el derramamiento de
sangre.
Tal vez con datos como éste
han especulado los cabecillas del alzamiento. La tarea política
sustancial, en una hora tan dramática, parece ser aislarlos;
parece ser no confundir ni por asomo el delirio de los aventureros
con las reivindicaciones históricas de los indígenas
que, al fin y al cabo, forman parte de la legión de pobres
de la tierra.
Periódico LA JORNADA
Editorial
2 de enero de 1994
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