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Las Secretarías de Gobernación,
Defensa Nacional, Desarrollo Social y la Procuraduría
General de la República informan y declaran:
En la agresión violenta
de un grupo armado a los cuatro municipios de San Cristóbal,
Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, del estado de Chiapas,
desde el día 1o. de enero, es indispensable deslindar
dos situaciones diversas y completamente diferentes, que por
ningún motivo deben confundirse:
a) Por una parte, los actos
de agresión violenta del grupo armado que han atacado
a poblaciones y al Ejército Mexicano en su cuartel de
Rancho Nuevo, que han asesinado, asaltado instalaciones gubernamentales,
robado comercios, secuestrado y vejado a civiles;
b) Por la otra, los indiscutibles
rezagos sociales que sufren diversos sectores de esta zona del
estado de Chiapas y que afectan principalmente a comunidades
indígenas y campesinas.
Frente al primer tipo de situaciones
destacan:
1.- Este no es un levantamiento
indígena. En los días pasados, diversas comunidades
indígenas y campesinas de los cuatro municipios han rechazado
y han actuado en contra de este grupo armado. Es la acción
de profesionales que se revierte, finalmente, en contra de la
población, acompañada de indígenas, algunos
con reclamos y otros que han declarado ya que lo hicieron obligados
y contra su voluntad.
2.- El grupo radical tiene dos
diferentes componentes:
a) Una dirigencia profesional,
experta en conducir actos de violencia y terrorismo, bien educada,
de origen nacional y extranjero, con armas de alto poder y con
sofisticados equipos de comunicación; y,
b) Indígenas y campesinos,
muchos de ellos no mayores de 14 o 15 años, con deficiente
nivel de educación y de entrenamiento, armados con machetes
y armas de perdigón o del calibre más bajo.
3.- El Gobierno Federal conocía
desde mediados de 1993 la existencia de grupos armados en diversos
campamentos en esos municipios. Las condiciones de atraso y una
historia pasada de abusos y desatención de la zona obliga
a extremar la prudencia gubernamental.
Así, en mayo de 1993,
hubo enfrentamientos entre el Ejército y el grupo radical:
tres militares fueron asesinados. La respuesta del gobierno fue:
a) La aplicación de la
ley a los presuntos responsables de dos homicidios, quienes están
sujetos a procesos;
b) El retiro de la acción
preventiva del Ejército de esa zona, de acuerdo a la petición
de diversas Organizaciones No Gubernamentales;
c) La vigilancia continua sobre
actividades ilícitas de estos grupos; y ante agresiones
armadas hasta en tres ocasiones durante 1993, el reforzamiento
de las medidas de seguridad y de los efectivos militares;
d) La intensificación
del diálogo con dirigentes sociales e indígenas
locales;
e) El fortalecimiento de los
programas sociales en el estado de Chiapas.
4.- El Gobierno Federal ha realizado
acciones sin precedente en el estado y en particular en la zona
agredida: en materia de rezago agrario se han concluido más
de 2 mil hectáreas de tierras, principalmente a las comunidades
indígenas; la regularización de cerca de 6 mil
hectáreas; e incrementados apoyos a la producción.
También, los recursos
para los programas sociales del estado de Chiapas crecieron más
de 10 veces en los últimos 5 años. Finalmente,
en agosto de 1993, se desarrolló un programa especial
para la Selva y la Frontera para responder con mayor celeridad
a las demandas de esta zona.
5.- El Gobierno hizo todo lo
posible para evitar la violencia:
a) El Gobierno Federal y local,
ante la toma de cuatro ciudades por ese movimiento armado, el
día 1o. de enero, no contra-atacaron sabiendo el grave
riesgo para la vida y la seguridad de la población civil
de las ciudades ocupadas. El 2 de enero, el Ejército se
defendió de un ataque a su Cuartel. Al llamado del gobierno
del estado y de acuerdo a Derecho, prestó auxilio y protección
a diversas ciudades y poblados.
Si bien las cuatro cabeceras
municipales tienen seguridad y en ellas laboran cada vez más
normalmente las autoridades civiles, bandas del grupo radical
siguen amagando a partidas del Ejército en los alrededores,
por lo que continúan los enfrentamientos. Por eso, se
refuerzan las medidas de seguridad para quienes por ahí
circulan.
b) El Ejército Mexicano
ha puesto a disposición del Ministerio Público
Federal y local, según corresponde, a los detenidos, y
los elementos delictivos que a éstos les corresponde conocer,
y, en su caso, proceder;
c) El Ejército Mexicano
está devolviendo el control de los asuntos públicos
a las autoridades civiles de esos municipios.
Frente a la situación
social de la zona y el estado, destaca:
6.- El Gobierno Mexicano reconoce
los rezagos sociales que aún se viven en ésta y
otras zonas del estado; también en otros estados de la
República. Por eso, ha aumentado su gasto social a niveles
sin precedente en nuestra historia moderna y, por eso también,
ha dado un lugar especial en recursos y en diálogo a esta
zona de Chiapas. Así lo seguirá haciendo, ampliando
sus acciones a través de una mesa de atención social,
ya en funciones.
7.- El grupo armado y violento
ha venido destruyendo sistemáticamente algunos de los
avances sociales de los últimos meses, como son las obras
de infraestructura, dotación de agua y electricidad; escuelas
y hospitales y carreteras, algunas de ellas reclamadas por décadas
y que al fin se habían construido para esas poblaciones.
Por eso, a las acciones de pacificación siguen nuevos
esfuerzos para atender en especial a esta zona del país.
8.- El Gobierno de la República
está haciendo esfuerzos enormes porque los costos de esta
agresión del grupo armado agresor sean los mínimos
para la sociedad civil. Las instrucciones son que esta defensa
de la sociedad y de las instituciones se dé estrictamente
dentro del orden jurídico, preservando el estado de Derecho
y con respecto absoluto a los derechos humanos. No habrán
arbitrariedades ni violaciones de derechos. A quienes no cumplan
estos principios de acción, se les aplicará la
ley.
9.- La sociedad y el Gobierno
Mexicano no quieren la violencia. Desean progresar a través
del diálogo, la vía pacífica y la ley, a
estadios superiores de carácter político y social.
Esto lo están expresando las más diversas organizaciones
sociales y políticas de todo México y especialmente
de Chiapas.
10.- Una clara muestra de lo
anterior, es el llamado de los Obispos de Chiapas y de la Iglesia
Evangélica. En su declaración, los obispos propusieron
cuatro puntos:
-- El cese a la violencia y
el respeto a la vida de las personas
-- La liberación de las
personas secuestradas y el exhorto a deponer las armas
-- El respeto a la legalidad
y a los derechos humanos
-- El diálogo para la
atención a los problemas sociales.
El Gobierno de la República
ha aceptado públicamente ese llamado. El grupo armado
agresor no ha dicho nada. Su contestación ha sido continuar
con la violencia. El Ejército está cumpliendo su
función constitucional de preservar la paz, asegurar la
seguridad interna y proteger a la población en sus comunidades.
Comunicado de Prensa Conjunto
de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional,
Desarrollo Social y la Procuraduría General de la República.
Enero 5, 1994. |
