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La violencia que ha afectado
a una región del estado de Chiapas es generada por un
grupo conformado por dos niveles; como ya se ha señalado:
un grupo violento, armado, en contra de la tranquilidad de las
comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno,
por una parte y, por la otra, hay unos indígenas, varios
de los cuales --según lo han declarado ellos mismos a
los medios--, sumados en contra de su propia voluntad. Por eso
es que se ha precisado que no se trata de un alzamiento indígena,
sino de la obra deliberada de este grupo violento que lo encabeza.
En ningún país
una acción como ésta ha permitido avances sociales
para los que menos tienen, ni tampoco progreso democrático.
Los acontecimientos en Chiapas
nos entristecen a los mexicanos, a todos, porque aun reconociendo
insuficiencias, como lo hemos hecho, hay muchos años en
que los mexicanos hemos venido trabajando unidos, por generaciones,
para construir espacios de respeto, de diálogo y de tranquilidad.
Además, no es justo atentar contra la vida de nadie, todos
son mexicanos, todos merecen el mayor respeto.
Al mismo tiempo, indigna que
aprovechando esta situación de violencia en esa región
de Chiapas, se quiera lastimar al nombre de México que
tanto trabajo y esfuerzo ha llevado construir: es, en consecuencia,
una acción en contra del interés nacional. Este
grupo armado está contra México. Varias comunidades
indígenas y de la propia población rural los han
rechazado.
Los caminos de la participación
están abiertos para todos: pueden abrirse más,
si perseveramos en nuestro modo de ser. Nadie quiere un México
en el que para garantizar la seguridad se limiten las libertades,
y enfatizo ante ustedes: la violencia no genera más libertad
ni más democracia, sino odio y cerrazón política.
El Ejército y las fuerzas
de seguridad del Estado cumplen su responsabilidad de acuerdo
con la ley. Las acciones gubernamentales han tenido dos propósitos:
el primero, proteger la vida de la población civil y,
el segundo, restablecer el estado de normalidad en esa región.
Las acciones del Gobierno de
la República se enmarcan en la Constitución; se
aplicará estrictamente la ley.
La acción firme de la
autoridad no se ejercerá contra las comunidades, a las
que respetamos y apoyamos, ni contra las organizaciones plurales
que trabajan de manera dedicada en la zona, con las cuales dialogamos.
Hay un compromiso claro con el respeto a los derechos humanos.
Existe un consenso nacional
a favor de la paz. Ante los acontecimientos de Chiapas afirmé
este lunes, frente a la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, que "en ninguna región de México
existe diferencia superior a nuestra capacidad de diálogo,
ni distancia capaz de socavar nuestra unidad fundamental";
así seguirá siendo.
Agradezco, al mismo tiempo,
el apoyo responsable expresado el día de hoy de todas
las fuerzas políticas del país en contra de la
violencia.
Declaraciones del presidente
Carlos Salinas de Gortari pronunciadas en Jalapa, en el marco
de su gira por Veracruz, para conmemorar el LXXIX aniversario
de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de
1915. |