INFORME DE LA SECRETARÍA
DE
GOBERNACIÓN CON MATERIALES DE
LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA
NACIONAL Y LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
INTRODUCCIÓN
Desde las primeras horas del
día uno de enero se ha presentado una situación
delicada en cuatro municipios del estado de Chiapas: San Cristóbal
de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano. Un grupo
violento y armado atacó las cabeceras de esos municipios,
destruyó las instalaciones y archivos gubernamentales,
asesinó y violentó la integridad de policías
y civiles, tomó rehenes, asaltó comercios, tomó
la radiodifusora local de Ocosingo, liberó a los presos
de los centros de prevención y readaptación social
de la zona, atacó instalaciones de la Comisión
Federal de Electricidad y, aún, disparó contra
una ambulancia de la Cruz Roja que se dirigía a prestar
auxilio.
La información con la
que se cuenta de este grupo violento y agresor que está
actuando en el estado de Chiapas permite determinar sus rasgos
principales y muchos de los presuntos responsables de su dirección.
Así, sabemos que sus dirigentes son de distintos orígenes,
nacionales y extranjeros, expertos en acciones de combate, altamente
entrenados y educados; ellos han planeado, entrenado y ahora
dirigen las acciones de este grupo radical. Otros, distintos,
son aquellos locales, indígenas, manipulados o presionados
y que han tomado parte en las acciones de violencia.
Este no es un movimiento indígena
ni es una acción campesina. Es la obra de profesionales
manipulando a desafectos y a quienes han sufrido recientes condiciones
económicas adversas. Como ha sido ampliamente informado,
existe un rechazo de varias poblaciones indígenas y campesinas
a los agresores. Una comunidad indígena indignada del
municipio de Oxchuc logró capturar a seis miembros del
grupo agresor, los exhibieron en la plaza y los entregaron al
Ejército Mexicano, el cual ya los ha puesto a disposición
del Ministerio Público.
Similar reacción ha sucedido
en puntos distintos del municipio de Altamirano, temerosos de
que regresen los agresores y solicitándoles a los medios
de comunicación la petición de auxilio por parte
del Ejército Mexicano. Las organizaciones indígenas
y campesinas de Chiapas se han acercado a las autoridades reclamando
protección por parte del Ejército Mexicano y ofreciendo
plena participación para suprimir la agresión.
Esto también ha sido
informado por agencias noticiosas internacionales y nacionales.
Por eso, es importante reiterar que no se trata de un movimiento
indígena o campesino sino de acciones de un grupo radical
dirigido por profesionales que está engañando,
e incluso obligando a través de leva, a la participación
de indígenas.
Como se explica en este texto,
a lo largo del año pasado se contaba ya con información
sobre diversas actividades ilegales de grupos en esta zona fronteriza.
Entre éstas estaban el tráfico de armas y de pertrechos
militares, acciones aisladas contra policías locales y
emboscadas contra miembros de las fuerzas armadas, amenazas contra
productores para lograr apoyos económicos o logísticos,
extorsión de dinero para tener paso libre, invasiones
violentas de tierras, la localización de centros de entrenamiento
y reportes de llamados a la sedición aprovechando los
rezagos de la región.
Han adoptado un lenguaje político
que no deja duda alguna de su voluntad de enfrentar por las armas
al Ejército y al Estado Mexicano. Se escudan en el nombre
de Emiliano Zapata, que es profundamente respetado por nuestra
población, para perseguir sus objetivos de violencia.
Muestran un doble rostro: amable y comedida con los turistas
en San Cristóbal de las Casas y extremadamente virulenta
y sanguinaria contra nuestros compatriotas mestizos e indígenas
de Ocosingo.
Mientras los Comandantes y sus
grupos allegados tienen armas de alto poder, los indígenas,
muchos de ellos no mayores de 15 años, tienen armas cortas,
machetes y rifles de madera usados en entrenamientos en la espera
de capturar armas de fuego. Este grupo, por los campos de entrenamiento
y la presencia de extranjeros identificados, muestra afinidades
con otras facciones violentas que operan en países de
la región centroamericana. Han sido, también, alentados
y en ocasiones auxiliados por quienes confunden, tal vez de buena
fe, tareas de índole religioso con luchas sociales, sin
reparar en los medios para realizarlas.
Las autoridades locales y federales
han respondido desde la detección de las primeras actividades
ilícitas. Durante 1993, en mayo y en junio, fueron investigados
los asesinatos de soldados mexicanos y otros hechos delictivos,
de los que resultaron órdenes de presentación,
consignaciones con o sin detenido ante los jueces respectivos,
y en todos los casos se escuchó y se respondió
a los reclamos de grupos no gubernamentales de defensa de los
derechos humanos.
El gobierno del estado de Chiapas
realizó operativos para hacer efectivas, como es su obligación,
las órdenes de aprehensión expedidas por jueces
competentes. De ellas también resultaron capturas puestas
a disposición de los jueces y decomisos de armas. Algunas
de estas acciones generaron reacciones locales de grupos simpatizantes,
probablemente sin conocimiento profundo de causa. La Procuraduría
General de la República intensificó sus operativos
contra el narcotráfico y se siguió una vigilancia
a los campamentos de entrenamiento para detectar actividades
ilegales y en su caso actuar.
Las circunstancias particulares
de un ancestral atraso de la región, una intensa y masiva
migración ilegal de ciudadanos de países al sur
de la frontera y una previa historia de abusos de autoridad en
el pasado, obligaron a actuar con especial cuidado durante 1993.
Muchas de las acciones emprendidas fueron modificadas y algunas
detenciones realizadas fueron suspendidas en atención
a demandas de grupos sociales y religiosos de Chiapas, en favor
del respeto a los derechos humanos, ignorantes muchas de ellas
del crecimiento de las actividades clandestinas del grupo armado
agresor.
Se mostró una particular
serenidad y flexibilidad de parte de las autoridades. El orden
y la promoción de una nueva manera de actuar, apegada
a derecho, de diálogo y de unión para combatir
los rezagos, aconsejaban un especial tratamiento. En muchos casos
esta actitud y esta respuesta gubernamental permitió soluciones
a algunas demandas que de otro modo no hubiesen sido posibles;
en otros, lamentablemente, se bloquearon acciones preventivas
y justificadas que hubiesen permitido una más eficaz acción
de gobierno contra la gestación final de este grupo clandestino
y extremista.
Se decidió, por ello,
incrementar la respuesta a las demandas sociales y rezagos ancestrales
por parte del gobierno federal y local. Las acciones programadas
de Solidaridad para el estado de Chiapas son las más intensas
en el país. En los últimos 5 años, la inversión
federal ha crecido diez veces, pasando de 70 millones de nuevos
pesos a 750 millones de nuevos pesos en 1993. Ello ha permitido,
como lo ha informado la Secretaría de Desarrollo Social,
la construcción de hospitales y 80 centros de salud, la
rehabilitación de más de 4 mil escuelas y la construcción
de casi 2 mil aulas, la construcción de más de
3 mil kilómetros de caminos y carreteras, la introducción
en 1200 comunidades de energía eléctrica y la construcción
y rehabilitación de 500 sistemas de agua potable.
Además, los 110 municipios
del estado han recibido fondos municipales y se han constituido
19 fondos regionales para las comunidades indígenas a
fin de poder financiar sus proyectos productivos; se han apoyado
a más de 60 mil cafeticultores del estado que vieron los
precios internacionales del café desplomarse en los últimos
años y se ha dado crédito a la palabra a 90 mil
campesinos más. A partir de agosto de 1993, se inició
un programa especial de combate a los rezagos de esta zona en
particular, con una inversión adicional de 40 millones
de nuevos pesos, para carreteras, un hospital en Altamirano,
escuelas y para proyectos productivos.
En materia agraria, el Gobierno
Federal ha realizado acciones sin precedente en el estado y en
particular en la zona agredida: en materia de rezago agrario
se han concluido más de 2 mil expedientes que representan
el 90 por ciento del rezago que existía en 1992; en la
restitución y dotación de 90 mil hectáreas
de tierras, principalmente a las comunidades indígenas;
la regularización de cerca de 6 mil hectáreas;
e incrementados apoyos a la producción. También,
los recursos para los programas sociales del estado de Chiapas
crecieron más de 10 veces en los últimos 5 años.
Finalmente, en agosto de 1993, se desarrolló un programa
especial para la selva y la frontera para responder con mayor
celeridad a las demandas de esta zona.
La presencia de una amplia gama
de organizaciones sociales que han mantenido un diálogo
permanente con el Gobierno ha permitido muchos avances sociales.
Queda claro que una organización de muy diferente naturaleza,
se escudó en el marco de este esfuerzo de conjuntar la
participación social y la respuesta del Gobierno, no para
bienestar de los chiapanecos, sino para preparar los golpes violentos
de los últimos días.
En conclusión, se adoptó
un camino de acciones sociales para beneficio de las comunidades
de esta zona y del estado en su conjunto. Este camino ya tenía
resultados y, los que toman más tiempo comenzaban a fructificar.
Así, se evitaron las acciones preventivas directas, respondiendo
a reclamos que, reiteramos, ignoraban el incremento de actividades
subversivas. Pero la acción social no puede persuadir
a quienes tenían ya la resolución irrevocable de
la violencia, de manera independiente a las respuestas a las
demandas sociales. Ello explica por qué los acontecimientos
de estos primeros días de enero no fuesen previamente
frustrados.
Desde el día 30 de diciembre
los gobiernos local y federal y el Ejército Mexicano habían
identificado un movimiento sospechoso en la selva, que anunciaba
una próxima acción importante de grupos agresores,
que se habían replegado a zonas aisladas de la selva después
de diversos operativos realizados en julio. Esta era la tercera
ocasión en el año que se contaba con informes similares.
Por ello, se reforzaron las medidas de seguridad y se fortalecieron
las policías y el destacamento del Ejército Mexicano
en la zona.
Sin embargo, el movimiento agresor
resultó más amplio y más extendido, comenzando
acciones violentas en lugares en los que no las habían
realizado en el pasado, como en San Cristóbal de las Casas.
Actuaron con movilizaciones de muy pequeños grupos, sumándose
cerca de las poblaciones, lo que hizo más difícil
su detección.
La respuesta de las autoridades
desde el inicio de los ataques del grupo radical fue la de proteger
a la población civil y llamar al diálogo pacífico.
El Gobernador solicitó por escrito el día primero
de enero, de acuerdo al artículo 119 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción
III del artículo 42 de la Constitución Política
del estado de Chiapas, la intervención del Ejército
Mexicano. Este, para evitar la pérdida de más vidas
humanas civiles en estas poblaciones, no contra-atacó
el primer día.
El segundo día, el Ejército
Mexicano fue objeto de un ataque directo a su cuartel, al cual
respondió con eficacia. También acudió al
llamado de auxilio de otras poblaciones de la zona, actuando,
nuevamente, con el objetivo de defender y proteger a la población.
El Ejército Mexicano ha actuado, y lo seguirá haciendo,
apegado a la ley y en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
En cada caso, el Ejército
Mexicano ha puesto a disposición del Ministerio Público
local o federal, de acuerdo con su competencia, las averiguaciones
respectivas para que procedan conforme a Derecho. La Procuraduría
General de la República ha desplegado a agentes del Ministerio
Público para agilizar las averiguaciones previas y actuar
de acuerdo a sus responsabilidades legales.
En todo momento, y como en los
últimos años, ha existido un completo acceso a
los medios de comunicación, los cuales han ejercido sus
responsabilidades en plena libertad. Esto también ha sido
aprovechado por este grupo agresor y radical para promover sus
objetivos de combate. Con todo, no se limitarán los derechos
de los medios de comunicación a informar a la población.
Se les indicarán, sí, los lugares donde no se les
puede garantizar su seguridad personal. Se ha establecido una
oficina de información oficial en la zona para dar continuamente
los reportes sobre los acontecimientos que se sucedan.
Por ello, y con el afán
de ampliar el conocimiento de la opinión pública
sobre las circunstancias en Chiapas, se presenta este documento
con información amplia de los acontecimientos, de la identidad
del grupo radical y los diversos intereses que confluyen en su
formación, de las acciones que ha tomado el Gobierno Federal
y local para responder a esta amenaza y de las más importantes
líneas de acción que se seguirán en los
siguientes días. Estos son los objetivos de este Informe.
El Ejército Mexicano
seguirá actuando con gran respeto a los derechos humanos
y de la población hasta dar una respuesta clara y decidida
a la demanda de orden y seguridad de los habitantes de esta zona
del estado, cumpliendo con poner a disposición del Ministerio
Público que corresponda, los detenidos y las pruebas que
están en su poder. Se están girando órdenes
de presentación para personas presuntamente vinculadas
con las actividades delictivas de los últimos días.
Se respetarán plenamente a las organizaciones sociales,
a los núcleos ejidales y a las comunidades indígenas.
No se tolerarán excesos ni desapego a derecho.
Por otra parte y, en consonancia
con diversos grupos sociales y organizaciones campesinas del
estado y de todo el país, y también de diversas
asociaciones religiosas y organizaciones políticas nacionales
que han rechazado la violencia y han invitado al diálogo,
se ha establecido ya una mesa de atención para realizar
acciones inmediatas de apoyo a la población más
necesitada. Habrá una respuesta ampliada a las demandas
sociales de los pobladores de la Selva y la Frontera en el estado
de Chiapas.
El Gobierno Federal ha desarrollado
una respuesta inmediata para asegurar el abasto de alimentos,
cobijas y medicinas. Están en marcha programas inmediatos
de salud pública, para atender emergencias, prevenir enfermedades
y restablecer la atención de los hospitales dañados
por los agresores. Se construyen o acondicionan albergues para
atender a las familias. Soldados del Ejército Mexicano
protegen y distribuyen, junto con las autoridades locales, estos
apoyos federales.
Asimismo, se atienden ya algunas
de las necesarias obras de reparación en instalaciones
de servicios para la población dañadas por los
agresores. En particular obras de infraestructura, como son los
sistemas de agua y electricidad; escuelas y hospitales y carreteras,
tan demandadas por esa zona y que ya se habían construido.
Por eso, a las acciones de pacificación siguen nuevos
esfuerzos para atender en especial a esta zona del país.
1.- ANTECEDENTES
Durante las últimas décadas,
los problemas estructurales que afectan al estado de Chiapas
han propiciado el surgimiento de múltiples movimientos
sociales para la defensa y promoción de los intereses
de las comunidades. Son organizaciones legales. Sin embargo,
también emergieron unas de carácter extremista
y de vocación violenta. Así, en los años
de 1967 y 1970, grupos denominados Comandos Amados del Pueblo
y Ejército Insurgente Mexicano, efectuaron operaciones
de entrenamiento en diversas zonas de la entidad, sin llegar
a realizar actividades de otra escala.
Posteriormente, en los años
ochenta, algunas agrupaciones radicalizaron sus acciones en su
lucha por la tierra, promoviendo ocupaciones ilegales de predios
que provocaron violencia. Estos conflictos fueron aislados y
las demandas encontraron en la mayoría de los casos, cauces
legales de respuesta y conciliación.
En la década de los noventa,
la acción social se intensificó con el apoyo de
muchas organizaciones campesinas, populares y de comunidades
indígenas. A pesar de estos avances, para los grupos armados
y violentos, con dirigencias profesionales y apoyos de miembros
de diversas organizaciones cívicas y religiosas, esto
no significa ninguna modificación a sus planes. Así
continuaron algunas acciones de violencia aislada y radicalizaron
sus objetivos de lucha armada. Comenzaron, también, las
operaciones del auto-llamado Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.
En este documento se describen
las características más importantes de este grupo
agresor, las formas de reclutamiento y el adiestramiento que
promovían, su organización y las bases donde realizaban
sus operaciones, el armamento, las comunicaciones y el equipo
que utilizan, la descripción de sus acciones recientes,
y las operaciones que han realizado desde el primero de enero
de 1994. También, la información sobre sus dirigentes,
que ha sido validada hasta ahora por testimonios directos de
personas de la región.
2.- DESCRIPCION Y
OBJETIVOS
El llamado Ejército Zapatista
de Liberación Nacional es una organización extremista,
violenta, profesional y bien entrenada. Su perfil es altamente
ideologizado y emplea lenguaje característico de líneas
extremistas. Su estrategia operativa en 1993 y al amparo de otras
organizaciones en años anteriores, consistió en
propiciar la invasión de propiedades rurales y generalizar
la violencia, mediante emboscadas al Ejército y a los
cuerpos de seguridad pública, apropiándose de su
armamento.
Sus planteamientos han sido
radicales: el ataque a instalaciones públicas estratégicas
e instalaciones militares. Ha aprovechado los rezagos sociales
como mecanismo para reclutar miembros y se apoya en auto denominados
"catequistas", algunos de ellos identificados, para
tener acceso a grupos indígenas en condiciones precarias.
No han dudado en presionar a familias enteras para incorporar
nuevos miembros a su causa violenta. Los testimonios y las acciones
recientes lo confirman. Su propósito ha sido ampliar su
base de militancia para luchar contra el Estado Mexicano y su
Gobierno.
Tiene reglamento y disciplina
interna, así como diversos manuales de instrucción
que abarcan el uso de armas, planeación de ataques, estrategias
de combate, sistemas de seguridad y comunicación, y medidas
disciplinarias. En su campamento se ha encontrado propaganda
del PROCUP, al cual apoyan en la distribución de sus publicaciones.
El llamado EZLN tiene presencia,
desde 1993, en 5 municipios de Chiapas: Ocosingo, Las Margaritas,
Comitán, Altamirano y Chanal. En ellos cuenta con una
red organizativa de células de militantes que están
en permanente comunicación mediante radios de banda civil.
Tienen 15 centros de adiestramiento en diversos municipios: seis
están ubicados en Margaritas; 5 en Ocosingo; 2 en Sabanilla;
1 en Altamirano; y uno en Chanal.
3.- RECLUTAMIENTO
Y
ADIESTRAMIENTO
Este grupo armado agresor ha
sido apoyado por algunos ideólogos y religiosos, actuando
individualmente, de distintas denominaciones. Han realizado una
labor de formación de cuadros y organización al
interior de comunidades. Ello le permitió poder transitar
del convencimiento de grupos de población rural, al reclutamiento
y su posterior adiestramiento, en prácticas de subversión
y terrorismo.
Estas condiciones previas han
abierto el camino a los activistas que, cuando han encontrado
resistencia, utilizan amenazas de despojo de bienes o expulsión
de la comunidad, a quienes no participan. De acuerdo a los testimonios
de campesinos reclutados, se ha llegado al caso en donde los
niños son utilizados como rehenes para inducir la participación
de sus padres.
La dinámica de un grupo
de una comunidad bajo su control, se transforma gradualmente:
se paraliza casi totalmente la actividad productiva, se desatienden
las actividades municipales e incluso las educativas. Los grupos
cooptados o presionados canalizan sus esfuerzos en la construcción
de campos de entrenamiento, y las familias se dedican a la preparación
de alimentos para satisfacer las necesidades de los integrantes
de este grupo radical y violento, que acuden de poblaciones lejanas
a recibir instrucción paramilitar.
Además, construyen los
futuros centros de refugio para la población no participante.
Posteriormente, los grupos reclutados entran en una etapa de
concientización organizativa. De acuerdo a los manuales
capturados y testimonios, se preparan, realizan operativos y,
en ocasiones, venden sus animales y pertenencias para obtener
armas.
En esta etapa, intervienen los
instructores en acondicionamiento físico, en rutinas de
artes marciales, en la operación de radios de banda civil
para establecer y apoyar una red de radiocomunicaciones. Paralelamente,
médicos involucrados en el grupo capacitan a campesinos
indígenas como promotores de salud o en la atención
de primeros auxilios.
Los cuadros de instrucción,
integrados por mexicanos y extranjeros, conforman un núcleo
aparentemente bien entrenado en guerra de guerrillas y terrorismo.
Al parecer, en el caso de los mexicanos, algunos son activistas
relacionados con grupos guerrilleros desarticulados en la década
de los setentas, que se desprendieron de muchos que retornaron
y viven una vida bajo la ley y productiva. Existen claros indicios
de que estos grupos tienen cercana relación con el Partido
Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y
las Fuerzas de Liberación Nacional.
En el caso de los extranjeros,
es posible que hayan tenido alguna experiencia de guerrilla en
países al sur de México. Los detenidos de varias
nacionalidades de esa región y su nivel de entrenamiento
así lo sugieren. Se encuentran detenidos un nicaragüense
y, al parecer, un guatemalteco.
Los grupos reclutados se adiestran
una o dos veces por semana o quincenalmente y, de acuerdo a la
zona, varían los horarios; cuando parte del poblado está
integrado al movimiento, entrenan en áreas cercanas a
la comunidad, de las 17:00 a las 22:00 horas, y posteriormente,
cuando la misma ha sido absorbida, entrenan de 14:00 a 18:00
horas. Lo hacen en grupos pequeños para no ser detectados
por las fuerzas de seguridad. El adiestramiento consiste en arme
y desarme del armamento, manejo de explosivos, defensa personal,
prácticas de tiro y maniobras de emboscada.
4.- ORGANIZACION
Y BASES
DE OPERACIONES
De acuerdo a la información
disponible se presumen tres tipos de bases de operaciones. La
primera de ellas es una zona despejada en forma circular, en
donde entrenan los integrantes del movimiento y normalmente está
ubicada cerca de los refugios (cuevas) más próximos
a la comunidad. El segundo tipo son cuarteles móviles,
que regularmente ocupa el grupo denominado "Insurgentes"
y consta de: "escuela de estudio", a donde sólo
asisten los responsables regionales y diferentes medios, "área
de entrenamiento", "estación de radio",
"armería y cocina". El último tipo, son
los denominados "cuarteles" que constan de diversas
construcciones y "pista de entrenamiento", para combate
irregular.
Los diversos tipos de bases
de operaciones están ubicados en áreas de difícil
acceso topográfico y ocultas por la maleza. Para llegar
a las mismas se requiere recorrer distancias de tres a cuatro
horas, por brechas semiabiertas en zonas de densa vegetación.
Dentro de los principales centros
de operaciones del UZI, se encuentran los siguientes: San Juan,
municipio de Las Margaritas; San Marcos, municipio de Ocosingo;
Livingstone, entre los límites de los municipios de Ocosingo
y Altamirano; La Grandeza o La Garrucha, entre los municipios
de Ocosingo y Altamirano; Delicias Pacham, Morelia, en el municipio
de Altamirano; Peña Guadalupe, en el municipio de Ocosingo;
Chalam del Carmen, El Carrizal, en el municipio de Ocosingo;
Buena Vista Villa Flores y Santa Rosalía, en el municipio
de Comitán.
Las instalaciones clandestinas
detectadas tienen relación entre ellas, ya que pertenecen
a la organización clandestina Unión Zapatista Fuerza
- Lucha Armada. Utilizan el mismo sistema de comunicación
y código de llaves, se rigen por los mismos mandos, el
modo de entrenamiento, los lugares y horarios son coincidentes
y la coordinación invariablemente se realiza a través
del radio banda civil. Estratégicamente han sido ubicados
para desplegar actividad de penetración en toda la región
sur del estado de Chiapas.
La información recabada
indica que la estructura de dicho movimiento en cada comunidad
está integrada por tres responsables regionales que actúan
como comisarios políticos, siendo los encargados de las
actividades de reclutamiento entre la población y adoctrinamiento
de la misma. Operan a través de reuniones periódicas,
apoyadas con proyecciones de películas de corte político-revolucionario,
efectuadas en las denominadas casas de seguridad. Posteriormente
realizan reuniones de grupos de varias comunidades. Una de éstas
se denomina "Centro de Asamblea".
A su vez, la población
está organizada en dos partes: las bases de apoyo y reserva,
formadas por mujeres y ancianos y, otro grupo de apoyo, que son
los llamados "zapatistas", que está integrado
por menores de edad. De estos grupos se desprenden las comisiones,
formadas por cuatro o cinco militantes, que concentran los recursos
alimenticios y económicos; además se encargan del
traslado de armamento y vigilancia de campamentos; dichas comisiones
son relevadas cada 72 horas.
Como aparato paramilitar funcionan
las denominadas "Escuadras de Milicianos" (militantes).
Cada escuadra está compuesta por un "sargento",
un "cabo", un radio-operador, un promotor de salud
y 20 militantes.
5.- ARMAMENTO, COMUNICACIONES
Y
EQUIPO INDIVIDUAL
El armamento y el equipo individual,
son comprados por los militantes a través de sus llamadas
"Comandancias Generales". Cuentan con los siguientes
tipos de armas: rifles calibre 22 mm., de 16 tiros, de fabricación
norteamericana; fusiles AR-15, calibre 5.56 mm., de fabricación
norteamericana; carabinas M-1, calibre 30 mm., de fabricación
norteamericana; escopetas, pistolas y revólveres de diverso
tipo, así como subfusiles marca STEN, de calibre ___ mm.,
de fabricación inglesa y fusiles CKS, de procedencia desconocida
que podrían ser, de acuerdo a las descripciones de los
informantes, carabinas SKS-SIMONOV, calibre 7.62 mm., de 10 tiros,
de fabricación rusa, utilizadas especialmente para unidades
de guerrilla; se hace notar que las armas, en su mayoría,
son nuevas.
En lo que respecta a la red
de radiocomunicaciones, las comunidades cuentan con radio-operadores
de equipos tranceptores de banda civil (CB), que transmiten en
la banda de 11 metros, clase B, entre 26.965 y 27.255 Mhz., según
el número de canales. Los equipos de radiocomunicación
tienen 23 o 40 canales de recepción-transmisión
y el horario de las mismas es entre las 24:00 y las 06:00 horas.
El tipo de equipo utilizado
en su mayoría, son radio-transmisores marca Cobra, modelos
19-Plus y 148-GTL, utilizando antenas de 5/8, modelo Alley Cat
de 7 elementos. Hasta el momento se ha logrado detectar parte
de su código de claves y grabar transmisiones de sus comunicaciones.
Se estima que existen 172 estaciones de radio, ubicadas en los
municipios de Altamirano y Ocosingo. El Código de Claves
utiliza la banda civil (BC), combinándolas con otras que
indican los desplazamientos de las unidades militares del Ejército
Mexicano y de las fuerzas de seguridad pública.
Por otro lado, un radio técnico
del grupo guerrillero es el que supervisa la red de comunicaciones.
La estación base de transmisión del "Cuartel
General" subversivo, tiene el código de identificación
CICARA; al parecer es el denominado "Centro de Instrucción
El Caracol", ubicado en la misma comunidad, en el municipio
de Las Margaritas.
El equipo individual de los
militantes, consiste en fornitura de lona, artículos de
limpieza de armas, cantimplora, cuchillo y arma, así como
cartuchos. Respecto al uniforme, su fabricación se efectúa
en las comunidades y para ello compran el material localmente;
éste consta de camisola color café, paliacate color
rojo al cuello, gorra y pantalón tipo militar color verde
y es marcada con distintivos que van desde "Militante"
hasta "Coronel".
En lo que respecta a la combinación
de los colores de la ropa militar, ésta es muy similar
a la utilizada por las unidades guerrilleras guatemaltecas que
operan en los departamentos fronterizos con México; en
el caso de éstas, su uniforme es camisola verde y pantalón
café.
6.- DIRIGENTES
Las diversas organizaciones
y asociaciones de la región han establecido entre ellos
una red que, prácticamente, ha dado lugar a una confederación
de líderes. Del entrelazamiento de distintos liderazgos
ha resultado la organización de carácter paramilitar
que ha encabezado las acciones armadas y de violencia de los
últimos días, y que se llama a sí misma
"Ejército Zapatista de Liberación Nacional".
Es necesario, como se ha expresado
en diversas ocasiones, distinguir entre los líderes y
los grupos de indígenas, y estos, de los ideólogos,
los religiosos involucrados, los que se llaman a sí mismos
"catequistas" pero que realizan actividades subversivas,
y los activistas políticos, así como los militantes,
la mayoría de estos últimos con antecedentes en
organizaciones radicales, varios de origen centroamericano.
De hecho, la coincidencia de
intereses entre los religiosos activistas y los políticos
extremistas, ha dado lugar a organizaciones diversas que en la
práctica se han sobrepuesto sobre las organizaciones comunitarias
y campesinas, legítimas de la localidad, y las han utilizado
y desvirtuado. El gobierno ha sido muy cuidadoso de no confundir
a los distintos tipos de organizaciones y sus dirigentes, con
el fin de respetar el auténtico liderazgo de las comunidades.
Se tienen identificados a muchos
de los dirigentes de las comunidades de Altamirano, Ejido Morelia,
Delicia Pachán, Guadalupe Victoria, Edén del Carmen
(Ocosingo), Chalam del Carmen (Ocosingo), La Grandeza (Ocosingo),
Florida (Ocosingo), Nuevo Sacrificio (Ocosingo), La Laguna (Ocosingo),
La Arena (Ocosingo), Mendoza (Altamirano), Flor del Río
(Margaritas), Nuevo San Marcos (Margaritas), Guadalupe el Tepeyac
(Margaritas), El Caracol (Margaritas), Plan de Santo Domingo
(Margaritas), Arroyo el Porvenir (Margaritas), San Isidro (Margaritas),
San José del Río (Margaritas), San Antonio de las
Flores (Margaritas), Ejido Veracruz (Margaritas), El Rosario
Río Blanco y la propia comunidad de Margaritas.
En lo que respecta a las organizaciones
políticas sometidas al interés de dirigencias radicalizadas
se tienen detectadas a las siguientes: en el municipio de Las
Margaritas destaca la Unión de Revolución Armada
Zapatista de Liberación Mexicana. Cuenta con el apoyo
de la Organización Revolución Zapatista y la Organización
"La Radio" que realizan labores de proselitismo y logística.
En la región comprendida
por los municipios de Ocosingo y Chiapa de Corzo, ha venido actuando
la Asociación Nacional Campesina Independiente Emiliano
Zapata (ANCIEZ), cuya ideología es similarmente radical,
que se escindió de la Organización Campesina Emiliano
Zapata (OCEZ), considerando que carece del nivel del radicalismo
adecuado.
Debe reiterarse que, desde el
inicio de las confrontaciones, el Gobierno ha ofrecido diálogo.
Este ofrecimiento ha sido respondido con más violencia.
La violencia, como lo ha afirmado el Presidente de la República,
no genera más libertad ni más democracia, sino
odio y cerrazón política. Con todo, existe la voluntad
de tratar con benevolencia o incluso considerar el perdón,
para aquellos que bajo presión o inducción abandonen
las hostilidades y toda forma de violencia.
El Gobierno reitera su compromiso
indeclinable de defender el Estado de Derecho, rechazar la violencia,
apelar al diálogo pacífico y dedicarse a la solución
de los retos sociales que deben ser el objetivo común
y la respuesta patriótica de todos a la Nación.
Secretaría de Gobernación
Informe especial
7 de enero de 1994 |
