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A últimas fechas diversos
medios de difusión y particularmente organizaciones privadas,
tanto nacionales como extranjeras, llamadas defensoras de los
derechos humanos, han acusado al Ejército Mexicano de
diversos actos violatorios en contra de los derechos humanos,
en Chiapas.
Tales acusaciones las rechaza
la Secretaría de la Defensa Nacional, por considerarlas
falsas, estimándose que únicamente se basan en
simples rumores, supuestos y actitud amarillista de quienes han
propalado tales infundios, que lejos de contribuir en la solución
del conflicto, producen confusión y desorientación
en la opinión pública.
Es tan manifiesta la actitud
dolosa de estas acusaciones hacia el Ejército y la Fuerza
Aérea, que en ningún caso ni se recuerda que fueron
ellos, los agresores, quienes iniciaron los enfrentamientos al
atacar en forma directa las instalaciones del Cuartel General
de la 31/a. Zona Militar, ubicada en Rancho Nuevo, cerca de San
Cristóbal de las Casas (hasta ese momento el personal
militar se había mantenido en una situación de
alerta y prevención), ni se inculpa a los transgresores;
como si las acciones por ellos realizadas, y de las cuales la
opinión pública conoce a través de los medios
de comunicación tanto escritos como radiofónicos
y televisivos, no constituyesen violaciones flagrantes a los
derechos humanos de la población chiapaneca.
Quizás para ellos sí
sean justificables los asesinatos de 24 elementos de los cuerpos
de Seguridad Pública y Policía Judicial, así
como 31 heridos y más de 100 desaparecidos de la población
civil, como los grupos de transgresores mismos lo han manifestado
expresamente en sus comunicados a la opinión pública,
además del encarcelamiento de policías; la ocupación
y destrucción de edificios públicos en San Cristóbal
de las Casas, Altamirano y Ocosingo, entre otras; la privación
de la libertad de tránsito y sometimiento mediante el
terror de las poblaciones por ellos ocupadas; del ocultamiento
de transgresores muertos y muy probablemente de su inhumación
clandestina; los hostigamientos constantes a que son sujetas
las poblaciones, entre otros muchos atentados a los derechos
elementales de los habitantes de la región.
Es menester señalar que
desde el mismo inicio de las operaciones en Chiapas, hizo acto
de presencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
organismo que reviste la máxima autoridad moral en el
país.
Dentro de las limitaciones que
impone el conflicto a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, se ha tratado de propiciar las mayores facilidades en
el intenso trabajo que ha desarrollado en la región para
preservar a la población en general de cualquier trato
indigno, permitiéndoles en todo momento el cumplimiento
de su elevada misión y dispuestos al esclarecimiento de
cualquier duda respecto a la actuación del personal militar.
En todo momento el Ejército
y la Fuerza Aérea mexicanos han actuado conforme a derecho,
ya que en el caso de los transgresores que han resultado muertos,
se ha hecho del conocimiento de las autoridades civiles y éstas
han hecho públicos los dictámenes periciales; en
cuanto a los transgresores detenidos, estos han sido entregados
a las autoridades judiciales, mismas que han procedido a su consignación.
Ha quedado claro que la participación
inicial del Ejército estuvo plenamente justificada, al
haberse respondido a un ataque violento contra las instalaciones
militares de Rancho Nuevo y a la demanda de auxilio por parte
del gobierno del estado de Chiapas y posteriormente, debido a
las reiteradas agresiones armadas a las tropas que se han sucedido
en los días subsiguientes.
Igualmente, la acción
del Ejército en principio se limitó al aislamiento
del área de operaciones y a la desocupación de
las poblaciones que habían sido tomadas por los agresores,
con el objeto de permitir a sus habitantes retornar a un clima
de tranquilidad.
Simultáneamente a las
actividades militares propiamente dichas, nuestras tropas han
trabajado intensamente en aliviar las carencias que sufre la
población, a través de la distribución de
despensas alimenticias, cobertores, calzado, agua y atención
médica.
Asimismo, se ha evacuado a numerosas
personas a lugares seguros o a donde ellas han estimado pertinente.
La Secretaría de la Defensa
Nacional reitera una vez más a la opinión pública,
que la actuación de las tropas está y estará
encaminada en todo momento a respetar la integridad física
y moral de la población, a pesar de que existen intereses
que se empeñan en desvirtuar la verdadera imagen del instituto
armado.
Secretaría de la Defensa
Nacional
Boletín de Prensa número dieciocho
15 de enero de 1994
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