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LIC. JORGE MADRAZO
CUÉLLAR:
Señoras y señores:
Presidentes de los Organismos
Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos
Humanos de la República Mexicana:
Muy distinguidos representantes
de los
medios de comunicación social:
Compañeras y compañeros
servidores públicos
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Sean mis palabras para agradecer
a ustedes su presencia en este acto, lo que nos estimula y alienta.
Me es muy grato expresarles que, al propio tiempo de presentar
este informe a la sociedad, a través de los medios de
comunicación, se está remitiendo al titular del
Poder Ejecutivo de la Federación y al Presidente en turno
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
para los efectos a que haya lugar.
El que este foro esté
constituido por los integrantes de la Federación de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos es, además de un privilegio que mucho agradezco,
un signo de reconocimiento a su trabajo actual y a sus grandes
potencialidades.
Hoy se cumplen 52 días
a partir de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
inició sus tareas en el contexto del trastorno interior
suscitado en diversos municipios de los Altos y de la Selva de
Chiapas.
Como es costumbre natural, el
'Ombudsman' no hace públicos los resultados de su trabajo
sino hasta la conclusión definitiva de los casos que son
sometidos a su consideración. Sin embargo, dada la naturaleza
del conflicto, el tiempo transcurrido desde su irrupción,
la velocidad de los cambios y acontecimientos, la atención
permanente que a este problema le ha dado la opinión nacional
e internacional; en síntesis, su excepcionalidad, se hace
necesario presentar un balance de las acciones emprendidas hasta
la fecha por esta institución.
Desde luego, no se trata de
un informe definitivo ni omnicomprensivo porque, a pesar de que
existe un avance sustancial en las investigaciones, aun quedan
pendientes diligencias por realizar y aspectos por esclarecer.
La tarea de proteger y defender
los Derechos Humanos en situaciones de normalidad y en las diferentes
latitudes del mundo, nunca ha resultado sencilla, pero mucho
menos lo es cuando esta función debe desplegarse paralelamente
al desenvolvimiento de un conflicto armado y de sus efectos inmediatamente
posteriores.
Indudablemente, las circunstancias
de los combates, el temor, la ansiedad, los desplazamientos de
poblaciones y las dificultades de tránsito y comunicación,
hacen más complejo el despliegue de las tareas protectoras.
El Estado mexicano determinó
enfrentar esta emergencia dentro de la línea de la vigencia
de las garantías fundamentales. Descartó los términos
del Artículo 29 de la Constitución General de la
República, para solicitar a la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión la suspensión de las
garantías en esa parte del territorio nacional, lo que
hubiera llevado al establecimiento de un estado de sitio o régimen
de excepción.
Sólo de esta forma se
hizo posible, entre otras cosas, la presencia y participación
en la zona del conflicto de innumerables organismos no gubernamentales
de Derechos Humanos de México y del extranjero y de la
propia CNDH.
Huelga decir que de haberse
suspendido las garantías, el papel de los organismos sociales
y públicos de Derechos Humanos habría sido, en
todo caso, muy limitado y estrecho.
Afortunadamente, sucedió
lo contrario. Más de 140 organismos no gubernamentales
mexicanos y algunos de los más prestigiados en el orden
internacional han estado y aún están en Chiapas.
La presencia de la Comisión Nacional data del mismo 2
de enero.
Las condiciones impuestas por
el desarrollo del trastorno, ciertamente han provocado limitaciones
respecto de algunas garantías, principalmente de tránsito
y reunión. Estas limitaciones se deberían tener
por acreditadas dentro de un contexto de normalidad y paz, que
no es el que ha primado en la zona del conflicto.
Sin embargo, tenemos que convenir
en que tales molestias, aunque nos han afectado, no han sido
obstáculos insalvables para el desarrollo de nuestras
responsabilidades. Los medios de comunicación social han
divulgado diariamente esta circunstancia.
A la fecha, no he localizado
antecedentes internacionales de que en un conflicto armado similar
al de Chiapas, o de muchas mayores proporciones como son la inmensa
mayoría de los hechos de armas que se han escenificado
y se escenifican actualmente en el mundo, se haya dado una presencia
tan nutrida de las organizaciones de defensa de los Derechos
Humanos y de participación del 'Ombudsman', de modo paralelo,
o casi paralelo, al desarrollo de los acontecimientos.
La amplia presencia de los organismos
de la sociedad para la defensa de los Derechos Humanos en la
zona del conflicto, aunada al trabajo del 'Ombudsman' nacional,
ha gravitado, de manera importante --quiero pensar--, en el derrotero
del trastorno interior. Esta situación también
demuestra que en nuestro país ha surgido, dentro del Estado
y en la sociedad, una corriente irreversible en favor de los
Derechos Humanos. Todos los mexicanos debemos seguir trabajando
para extenderla, consolidarla y fortalecerla.
Cuando el 5 de enero pasado
tuve la oportunidad de conversar con el Presidente de la República
sobre la conveniencia de estar personalmente dirigiendo los equipos
de investigación de la CNDH que ya se encontraban en Chiapas,
me reiteró que las órdenes que había girado
a las fuerzas armadas y de seguridad eran las de conducir sus
acciones con estricto respeto a los Derechos Humanos. Me consta
que los altos mandos del Ejército, el Ejecutivo local
y los Procuradores de Justicia instruyeron a su personal para
que procediera en el mismo sentido.
Desde luego, el que estas órdenes
hayan sido dadas, no es óbice para considerar que algunos
servidores públicos las hayan podido desobedecer, o que
por la propia amenaza que a cada momento supone el poder la vida,
se haya actuado con exceso o de manera contraria a lo que la
Ley y la disciplina indican.
Esclarecer estos casos resulta
socialmente indispensable. El titular del Poder Ejecutivo Federal
ha expresado públicamente que nada se ocultará
y que se hablará con la verdad.
Disciplinar las faltas de individuos
que han equivocado conductas y hacer cesar y reparar las violaciones
perpetradas, no resta reconocimiento social a las instituciones.
Por el contrario, las fortalece, las impulsa para seguir realizando
sus importantes funciones, las acerca al aprecio y a la consideración
de la sociedad.
Como dije, la Comisión
Nacional ha venido desarrollando su trabajo de 'Ombudsman' en
la zona del conflicto desde el 2 de enero próximo pasado,
cuando se envió personal para colaborar en la evacuación
segura de turistas de la ciudad de San Cristóbal de las
Casas.
A partir del día 5, se
reforzaron los equipos de investigación con más
visitadores adjuntos, criminólogos, médicos forenses
y personal de comunicación social. Desde entonces, se
instalaron oficinas de la CNDH en San Cristóbal y Tuxtla
Gutiérrez.
En un principio, la Comisión
Nacional desarrolló paralelamente diversas acciones: gestionó
la instalación de albergues y su aprovisionamiento, se
canalizaron víveres y ayuda médica; se inició
el registro de muertos, heridos y desaparecidos y la localización
de estos últimos, y se visitó y tomó declaración
a los detenidos en diferentes lugares de reclusión y se
comenzó a recibir y a investigar las quejas por presuntas
violaciones a Derechos Humanos.
Hasta el día de ayer,
la CNDH había recibido o iniciado de oficio 218 quejas
que involucran a 727 agraviados. En diversos expedientes aparecen
como agraviados comunidades o ejidos enteros que no han sido
contabilizados individualmente y que, por tanto, no se reflejan
en la cifra antes citada.
De la narración de los
hechos expuestos por los quejosos, se desprende que en nueve
expedientes no se trató de acciones violatorias a Derechos
Humanos, sino de peticiones o solicitudes de ayuda humanitaria
que, con enorme gusto, atendimos en la medida de nuestras posibilidades
y limitaciones.
En el área exclusiva
de nuestra competencia, recibimos 20 quejas en contra de actos
realizados por el EZLN; 76, contra elementos del Ejército
Mexicano; cuatro contra servidores públicos de la Procuraduría
General de la República; tres contra empleados y agentes
judiciales del Gobierno del Estado; una, contra los Presidentes
Municipales de Altamirano, Las Margaritas y Tenejapa; dos, contra
el de San Juan Chamula y tres contra el de Oxchuc, entre las
principales.
Respecto de las quejas recibidas
contra el EZLN es indispensable formular algunas consideraciones:
la primera, en el sentido de que algunas de las conductas que
a dicho grupo se imputan son idénticas o similares a las
que se reprochan a autoridades o servidores públicos;
unas y otras tipificaron el mismo delito. Sin embargo, jurídicamente,
las acciones violatorias de las garantías fundamentales,
sólo pueden referirse a una autoridad o a un servidor
público.
En virtud de que los elementos
del EZLN son particulares, la Comisión Nacional formulará
el desglose correspondiente de sus expedientes para que, de acuerdo
con el fuero, las Procuradurías de Justicia tengan la
intervención que la Ley les confiere.
En especial, cada vez se documenta
más el desplazamiento y abuso sobre indígenas que
habitaban en la zona donde opera el EZLN y donde no ha habido
presencia del Ejército. Hay ya alrededor de 20 mil desplazados
de esa zona, sobre cuya circunstancia la PGR ha iniciado averiguación
por tratarse de actos perpetrados por el EZLN.
Entre los diversos hechos violatorios
a Derechos Humanos alegados por los quejosos en sus distintos
discursos y comparencias, o presumidos por la institución
al iniciar oficiosamente las investigaciones, mismos que aparecen
en nuestros 218 expedientes, se encuentran: homicidio, 56; lesiones,
30; desapariciones forzosas o involuntarias, 427; abuso de autoridad,
25; tortura, 80; detención ilegal, 42; confiscación
de bienes, cuatro; amenazas e intimidación, dos; robo,
seis; ataques aéreos, cuatro; limitaciones a la libertad
de tránsito, cinco; daño en propiedad ajena, tres;
secuestro, dos; falsa acusación, 17 y otros por hechos
diversos, 24.
En el renglón relativo
a las desapariciones, la CNDH recibió 427 peticiones de
ubicación de personas. De todas ellas, han sido esclarecidos
404 casos, y quedan 23 por resolver, es decir, el 5.4%. 371 de
las personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas
vivas en sus domicilios. En la mayoría de estos casos,
las personas no habían podido regresar por las condiciones
de intercambio de fuego o por la peligrosidad de todo tipo que
su retorno implicaba.
En siete casos fueron localizados
los cadáveres de los ausentes, iniciándose así
la investigación por sus muertes. En una ocasión
se encontró herida a la persona y, en 25, los desaparecidos
estaban en calidad de detenidos en algunos de los centros de
reclusión. Es indudable que no todas las desapariciones
han sido denunciadas ante la CNDH.
En otro orden de ideas, la Comisión
Nacional ha desarrollado investigaciones acerca de lo que se
ha dado en llamar "bombardeos aéreos". Estas
diligencias de inspección ocular, recuperación
de evidencias y examen criminalístico, se verificaron
en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas, concretamente
en María Auxiliadora, Corralito y San Antonio de los Baños,
así como en Ocosingo y en Altamirano y su periferia.
Por lo que hace a la zona de
San Cristóbal, no se localizaron daños en las localidades
de María Auxiliadora y Corralito. En San Antonio de los
Baños, a 250 metros de distancia del área poblada,
fue encontrado un granero deshabitado, recientemente quemado
en su totalidad, así como diversos cráteres producidos
por proyectiles aéreos, con dimensiones aproximadas de
77 centímetros de diámetro y hasta de 30 centímetros
de profundidad, así como una superficie de terreno quemado
de alrededor de 250 metros cuadrados.
En el mercado municipal y en
el techo de la iglesia de la población de la ciudad de
Ocosingo fueron observados impactos de artillería aérea
o bien de fuego de morteros.
Finalmente, en Nuevo San Carlos,
población ubicada en el perímetro de Altamirano,
fue documentada una operación de ataque aéreo,
a una distancia de 600 metros del caserío y durante la
cual un menor pereció y dos adultos varones resultaron
lesionados, los tres pertenecientes a población civil.
La práctica de la necropsia realizada por nuestros peritos
y la fe de lesiones realizada a uno de los adultos, permitió
concluir que la muerte y las lesiones fueron a consecuencia de
dichos disparos aéreos.
Pericialmente se ha determinado
que los proyectiles utilizados en los sitios en donde la Comisión
Nacional realizó sus investigaciones corresponden a los
denominados 'rockets' o cohetes, cuya capacidad de destrucción
por su onda expansiva y de expulsión de fragmentos es
menor a la que podría provocar lo que comúnmente
se conoce como bombas.
Otro hecho investigado por la
Comisión y que es del dominio público, está
relacionado con el incidente del día 4 de enero, en un
retén militar ubicado en Rancho Nuevo, donde un vehículo
'Volkswagen', tipo 'Combi', utilizado para el transporte colectivo
de pasajeros, no acató el alto que elementos del Ejército
le indicaron, el que, al proyectarse sobre el retén, fue
impactado por numerosos disparos de diferentes calibres.
De estos hechos resultaron cuatro
personas muertas (incluida una menor), y cinco heridos. Tras
de recibir los testimonios de los lesionados, se pudo concluir
que el dueño y conductor del vehículo fue materialmente
obligado por el pasajero que viajaba a su lado a no detenerse
en el retén para la revisión correspondiente, y
que dicho pasajero incluso accionó el acelerador, proyectándose
sobre los elementos que se encontraban en el puesto de revisión.
Aunque tal situación
parece esclarecida, está probado que la posición
final del pasajero de referencia que resultó muerto, no
fue la última y final, como se aprecia en la fotografía
que muy ampliamente ha circulado. A esta conclusión se
ha llegado por la falta de correspondencia entre las heridas
que mostraba el cadáver y la ausencia de manchas de sangre
en el respaldo del asiento en que supuestamente fue encontrado
y fotografiado; así también, por el hallazgo de
pasto en las ropas y en el pelo del occiso. Da la impresión
de haber sido intencionalmente colocado en esa posición,
que fue analizada por los peritos de la CNDH.
La Comisión Nacional
recibió la declaración de los 131 detenidos internados
en el Centro de Readaptación Social del Cerro Hueco, en
Tuxtla Gutiérrez. Todos ellos fueron videofilmados y su
estado psicofísico certificado. En 72 personas se encontraron
diversos tipos de lesiones, todas calificadas pericialmente como
entre aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan menos
de quince días en sanar.
En seis casos el tiempo para
sanar se consideró mayor a los quince días. Es
indiscutible que tales personas fueron objeto de malos tratos,
por lo que es imprescindible, ante imputaciones diversas, ubicar
a los responsables de entre elementos de las fuerzas armadas,
de seguridad pública y de la policía judicial.
Estas quejas, que están radicadas en la CNDH, están
asociadas a otros hechos violatorios, como detención ilegal,
incomunicación, falsa acusación y también,
en algunos casos a tortura, sin haberse comprobado esta última.
En general, la Comisión Nacional trabaja en la acreditación
de las imputaciones.
La CNDH ha tenido conocimiento
o localizado diversos cadáveres o restos humanos en las
poblaciones de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Rancho Nuevo
y en el Ejido Morelia. En total los occisos suman 40, de los
cuales se ha identificado a 20 como pertenecientes a la población
civil; seis como elementos de seguridad pública y catorce
como desconocidos no reclamados, que bien podrían ser
elementos del EZLN, aunque esto no está verificado.
El número total de fallecimientos
reportados a la CNDH es de 145, entre los que se encuentran los
de catorce elementos del Ejército Mexicano y 38 agentes
de Seguridad Pública.
De todos estos graves casos,
el que más preocupa a la Comisión Nacional es el
relativo a la fosa común localizada en el panteón
municipal de Ocosingo, en la cual fueron localizados once cadáveres
de personas adultas del sexo masculino. Este hallazgo está
íntimamente vinculado con los hechos del día 3
de enero, acontecidos en la clínica del Instituto Mexicano
del Seguro Social de esa población, ubicada a pocos metros
del referido cementerio.
A partir de la primera exhumación
de los cadáveres realizada el 15 de enero, la CNDH no
ha dejado y no dejará de investigar este caso. El día
3 de enero, a las 15:30 horas, elementos del Ejército
Mexicano irrumpieron en las instalaciones hospitalarias; sobre
lo cual unas versiones sostienen que aparentemente sin justificación
alguna, puesto que, según refieren los testigos, la clínica
no estaba bajo el control del EZLN, ni elementos de este grupo
se encontraban ahí hospitalizados.
Sin embargo, también
se ha declarado que elementos del EZLN la ocuparon temporalmente.
Pacientes, sus familiares, enfermeras, trabajadores y médicos
fueron evacuados del interior de la clínica, siendo objeto
de interrogatorios constantes. Después de que se permitió
pernoctar a esas cerca de 150 personas todas juntas, en una misma
sección del hospital, fueron evacuadas al día siguiente
y la instalación clausurada por el Ejército.
Las evidencias con que la CNDH
cuenta le permiten considerar, hasta ahora, que de esos once
cadáveres, dos eran de personas de la población
civil que murieron fuera de la clínica y dentro de la
línea de combate de los enfrentados, otros dos corresponden
a familiares de enfermos que se encontraban acompañándolos,
y uno más a un paciente que fue internado la víspera
de los hechos, a causa de haberse golpeado la cabeza, y cuya
necropsia reveló, además, una herida penetrante
de tórax por proyectil de arma de fuego, que le produjo
la muerte.
En adición a las aquí
descritas brevemente, la CNDH se encuentra desarrollando investigaciones
acerca de otros 81 casos.
La Comisión Nacional
se ha sentido alentada por la respuesta que la Procuraduría
General de Justicia Militar le ha hecho llegar en la que se establece
el compromiso de realizar una averiguación previa para
deslindar responsabilidades tanto en el caso de cinco sujetos
que el día 3 de enero perdieron la vida en el mercado
de Ocosingo, probablemente en maniobras de ejecución sumaria,
como por los hechos de la clínica del IMSS en la misma
población. En el mismo sentido y sobre los mismos hechos,
resulta esperanzadora la respuesta de la Procuraduría
General de la República.
Las declaraciones vertidas por
las Procuradurías mencionadas y por los altos mandos de
las fuerzas armadas, dan seguridad a la Comisión Nacional
de que, como en otros casos, en todos los demás reseñados
en el presente documento se iniciarán las acciones judiciales
correspondientes para esclarecer definitivamente los hechos y
ubicar a los presuntos responsables.
Independientemente de que la
Comisión Nacional continúe desarrollando sus investigaciones,
está en la mejor disposición de auxiliar con sus
probanzas periciales a estas instituciones, reservándose
escrupulosamente la procedencia de los testimonios.
Los sucesos de Chiapas no pueden
ser considerados como accidentes, paréntesis o interrupciones
dentro de la política del Estado para proporcionar una
más adecuada protección y defensa de los Derechos
Humanos en nuestro país. Por el contrario, si hace 43
meses el gobierno del Presidente (Carlos) Salinas no hubiera
tomado las acciones que en esta materia emprendió, difícilmente
podríamos haber alcanzado las soluciones que hoy se presencian.
Indudablemente, en Chiapas se
han presentado violaciones a Derechos Humanos realizadas por
diferentes individuos, pero ellas se están investigando
con profundidad, imparcialidad y honradez. Se está hablando
con la verdad y con la objetividad que la sociedad exige.
La intervención de la
Comisión Nacional en el conflicto de Chiapas no cesará
al concluir las investigaciones que se encuentran actualmente
en curso. El Consejo de la CNDH acordó el establecimiento
de un programa permanente para los Altos y la Selva de esa entidad
federativa. Nuestra presencia tendrá por objeto atender
las secuelas que necesariamente traerá aparejadas el conflicto
armado, mismas que deberán ser encaradas con estrategias
y procedimientos diferentes a los que se utilizaron en la década
de los setenta.
La Comisión Nacional
ha detectado a caciques que, además de haberse pronunciado
por la salida de la institución del territorio chiapaneco,
pueden poner en entredicho el proceso de paz con el fin de proteger
sus espurios intereses.
A partir de esta semana, las
labores de divulgación y capacitación de la CNDH
acompañarán al resto de nuestras tareas. Nos proponemos
que cada indígena y campesino chiapaneco cuente con la
información indispensable para defender sus derechos;
para ello utilizaremos medios impresos y de radiodifusión.
Convocamos a los organismos de la sociedad civil para que nos
auxilien en esta tarea.
A pesar de lo doloroso, el conflicto
de Chiapas nos ha dejado lecciones valiosas. Una de las más
importantes está, precisamente, en el área de los
Derechos Humanos. Es cierto que en los últimos cuatro
años hemos avanzado en la reforma de nuestra Constitución
y nuestras leyes; modificado prácticas y superado vicios;
creado nuevas instituciones y renovado procedimientos; incidido
en el cambio de algunas mentalidades. Pero lo que queda por hacer
es mucho más. La larga historia de Chiapas es clara muestra
de que tenemos que avanzar más aceleradamente en la protección
de los Derechos Humanos.
El Sistema Nacional no Jurisdiccional
de Protección a los Derechos Humanos goza del apoyo, la
comprensión y la simpatía de múltiples autoridades
pero, desafortunadamente, no de todas. 43 meses después
de haber iniciado este esfuerzo sin precedente, todavía
existen servidores públicos federales, estatales y municipales
que no han querido sumarse a esta tarea, a esta convicción,
a esta causa.
Desoyendo las indicaciones del
Presidente de la República, y muy lejos de imitar las
expresiones de su voluntad política, todavía hay
quienes no aceptan las Recomendaciones de los 'Ombudsman', o
maliciosamente retardan su cumplimiento, o simplemente simulan
cumplir. Ellos, con su actitud, se suman a los enemigos de la
causa de los Derechos Humanos, que es la del gobierno actual;
que es la de México.
Hoy en día, el incumplimiento
de la Recomendación de un 'Ombudsman' o el regateo a nivel
local para otorgarle el apoyo que requiere, significa un serio
dolor de cabeza pero, para quienes así procedan en el
futuro más inmediato, cuando en la siguiente generación
se consolide definitivamente la cultura de los Derechos Humanos,
ello será motivo de vergüenza y legítimo reproche
de sus hijos.
La crisis y los conflictos ponen
a prueba a los hombres y a las instituciones: provocan que se
descubra la intimidad de la materia real de la que están
hechas; son actos que desnudan, que exhiben. Los actuales tiempos
son de reto y de esperanza, momento que obligan a la reflexión
sobre lo alcanzado y lo que falta por hacer, coyunturas de la
existencia que fortalecen o aniquilan.
La respuesta de la Nación,
ante el reto de Chiapas, muestra su madurez y templanza. Al pronunciamiento
de la violencia se ha opuesto la voluntad por la paz, pero no
por cualquier paz, sino por aquella que convoque a la unidad,
al desarrollo, al humanismo, a la justicia social, a la democracia,
a la igualdad ante la Ley, que parte del reconocimiento de nuestra
diversidad y nuestras diferencias.
La irrenunciable conquista de
estos valores superiores sólo se afirma en una sociedad
en la que los Derechos Humanos se reconocen, desarrollan y respetan.
Lograr este propósito en plenitud es la tarea que se nos
ha confiado. Seguiremos tratando de responder a esa confianza
hasta el límite de nuestras fuerzas y capacidades. La
causa lo merece.
Informe especial a la opinión
pública sobre las actividades y consideraciones de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de los
Altos y la Selva de Chiapas, presentado el 22 de febrero de 1994,
por el presidente de la CNDH, Lic. Jorge Madrazo Cuéllar. |
