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Manuel Camacho Solís:
En recientes declaraciones sobre
las negociaciones de paz en Chiapas, se me exige una explicación.
Tratándose de un tema tan delicado, es necesario, efectivamente,
hacer del conocimiento de la opinión pública la
explicación:
Diez días de guerra causaron
muertos, luto, más de 25 mil mexicanos refugiados y una
caída equivalente al ocho por ciento de la producción
de Chiapas.
El conflicto se extendía.
Había terrorismo en el D.F. y en otros estados, movilizaciones
crecientes, polarización social, incertidumbre económica
y repudio internacional.
¿Tener una tregua pactada
hoy, es igual a la situación que imperaba el 11 de enero?
Una acción de fuerza no hubiera llevado a la solución
del conflicto.
Cuando aceptamos ir a Chiapas,
la opinión pública y cada uno de nosotros estuvimos
conscientes de que frenar la guerra con acciones políticas
tenía mínimas posibilidades de éxito.
Eso no había ocurrido
en otras partes y no era previsible a partir de lo sucedido en
los primeros días de enero.
Desde los primeros días
se buscó el más amplio respaldo del gobierno, de
cada una de las fuerzas políticas, del Congreso de la
Unión, de los intelectuales, de líderes de opinión
y de los medios, de las iglesias y de las organizaciones no gubernamentales.
Ello facilitó que se
conformara un frente de opinión pública en favor
de la paz, cuyas acciones fueron elevando el costo político
de la guerra.
Frente a la decisión
de guerra, de búsqueda del derrocamiento del gobierno,
se fue configurando otra propuesta en el ámbito de los
partidos y las instituciones: autonomía y limpieza electoral
como vía para avanzar en la democracia; democracia como
procedimiento para hacer cambios pacíficos.
El tema de la democracia fue
siempre un punto especialmente delicado, porque extendía
el tema de Chiapas al resto del país, y porque el avance
democrático sólo puede sustentarse en la instituciones
republicanas y en la amplia participación de la sociedad
civil y no en un movimiento armado.
Este era el consenso de la propia
sociedad civil al demandar la solución política
del conflicto.
El acuerdo en favor de la paz,
la juticia y la democracia, suscrito por los distintos partidos
y los candidatos a la Presidencia de la República el 27
de enero, reivindicó para las instituciones republicanas
y para la sociedad civil el tema de la democracia y permitió
seguir avanzando en la búsqueda del diálogo por
la paz y la reconciliación en Chiapas.
Lo ocurrido en Chiapas es una
gran lección para el país: la modernización
no puede dejar de lado las raíces culturales e históricas
de México.
El cambio económico debe
incluir respuestas a las necesidades de grupos sociales que han
quedado al margen del desarrollo, por la misma dinámica
de la economía.
La diversidad cultural y regional
de México requiere de nuevas relaciones entre las instituciones
y la sociedad nacional.
En estos meses se dieron pasos
muy importantes en favor de la paz. Se ha mantenido invariable
el cese de toda acción de fuego.
Se han ido restableciendo los
cauces institucionales en la entidad; se están realizando
reformas legales; se estarán creando nuevas instituciones
para resolver los problemas de fondo. Existen garantías
y una situación militar más estable.
Sin embargo, concluir que porque
se han logrado estos avances por parte de Estado y sociedad,
se han terminado los riesgos de inetabilidad, o concluir que
se puede volver a los tiempos de antes, sería un error
de apreciación política.
Si como sociedad política
y como sociedad civil, no somos capaces de reconocer que Chiapas
ha tenido un gran impacto; si no somos capaces de darnos cuenta
que el país necesita crear otra forma de comunicación
política, habríamos desaprovechado la alerta que
significó Chiapas y podríamos estar enfrentando,
en el futuro, condiciones más adversas, duras y generalizadas
de inconformidad, en regiones más amplias del país.
De la misma manera que, frente
al riesgo de la guerra, pudo darse una convergencia política
y social en favor de la solución que se ha buscado, de
una paz digna, hoy, la nación está en posibilidad
de volver a unir sus fuerzas para reafirmar sus libertades; avanzar
en la justicia; reiniciar el crecimiento de la economía
y consolidar un cambio en sus instituciones políticas,
que dé garantías a todos los intereses legítimos
del país y permita también establecer mecanismos
para canalizar inconformidades y aspiraciones de cambio democrático
que, de no conducirse por vías legales y políticas,
representarán un serio obstáculo al desarrollo
del país y a su futuro.
No comento las evaluaciones
que se han hecho sobre mi gestión al frente de la Comisión
para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, porque ello
le corresponde a la sociedad.
En lo que hace a recientes declaraciones
del candidato del PRI a la Presidencia, no pretendo responder
a una crítica, sino precisar lo que percibo como una diferencia
de fondo en un asunto central para el futuro del país.
Sus definiciones sobre el conflicto
de Chiapas han debilitado la línea de la negociación
política y el papel que podría seguir desempeñando
este comisionado para dar nuevos pasos hacia la paz.
Para él, el problema
se centra en que un pliego de peticiones se contestó y
no se aceptó. Por tanto, el proceso de negociación
falló.
Para nosotros, lo central era
detener la violencia, evitar el reconocimiento de beligerancia,
proteger el prestigio del Ejército Mexicano y desplazar
la agenda del tema de la renuncia del Ejecutivo, al de nuevas
respuestas a demandas justas y avances democráticos.
Es decir, ver el problema no
sólo en términos de política social, sino
de concepción política, para construir las condiciones
de una paz digna y duradera que fuera aceptada por el EZLN, y
así evitarle a Chiapas y a México los costos sociales
de una guerra prolongada.
Si se alcanzó la tregua
que hoy existe, ha sido por la declaración de cese a toda
iniciativa de fuego ofensivo por parte del gobierno, pero no
únicamente en otros conflictos, las treguas difícilmente
se respetan.
Lo importante fue que logró
desarrollarse un complejo proceso de decisiones para ir ganando
la buena disposición del EZLN para escuchar y de diversas
organizaciones para alcanzar los acuerdos sociales que han permitido
recuperar condiciones de gobernabilidad.
Tuvo que haber un cuidado extremo,
empezando por el manejo de las palabras para no dar pretextos
a la otra parte de cerrarse a la comunicación.
Respecto a la forma, me parece
que a ningún grupo social se le puede ordenar sentarse
a dialogar sin su voluntad para dialogar, también hay
que ponerse de acuerdo. Ese es el primer paso de una solución
política.
En el caso de una organización
clandestina y armada, la tarea es mucho más compleja,
pues existe una ruptura originada por la pérdida total
de confianza en el gobierno y sus condiciones de sobrevivencia
limitan severamente cualquier posibilidad de encuentro.
Lograr una primera conversación
exigió cerca de dos meses de atención concentrada,
llena de riesgos e incertidumbres. También de la ejecución
de una estrategia que, salvaguardando los intereses legítimos
del Estado, escuchara sus posiciones.
Por otra parte, fue necesario
buscar la convergencia de la sociedad civil y de la opinión
pública nacional e internacional y hacer atractiva la
posibilidad del diálogo.
El haber llegado al diálogo
creó las condiciones para que se pudiera sostener la posibilidad
de una salida política.
A manera de ejemplo, para el
último encuentro que tuvimos cerca de Guadalupe Tepeyac,
tuvimos que hacer un gran esfuerzo de aproximación que
nos llevó más de un mes de trabajo.
Se ha llegado a un punto de
garantías mutuas de no violencia con el que no se contaba
el 12 de enero. Tener una tregua hoy, no es un fracaso.
Lo que sí sería
fracaso es que por descuidos o cambios de línea se pusiera
en riesgo la efectividad del método político, la
estabilidad militar alcanzada en la zona, las garantías
que el EZLN ha dado a la población civil de no realizar
acciones violentas, la salvaguarda, sin uso de la fuerza de la
línea fronteriza y el hecho de que el proceso de paz se
esté conduciendo en México y por mexicanos.
La tregua es el camino a la
paz; es un error equipararla, en el caso de Chiapas, a un simple
aplazamiento de las acciones armadas.
Ello sólo podría
ser así si el Estado mexicano resolviera emprender acciones
armadas contra el EZLN, lo cual existiendo una salida política
tendría un costo inaceptable para la sociedad.
Podría ser también
que el EZLN decidiera reiniciar la guerra con el argumento de
la lucha por la democracia, lo que significaría entrar
en conflicto con una sociedad que ha respaldado la paz digna.
La tregua refleja una situación
en la que para ambas partes, cualquier solución racional
será necesariamente de naturaleza política.
De ahí que sólo
la política pueda resolver el conflicto y que contraponer
tregua existente a la paz total inmediata, sea ficticio.
Las vías son dos: el
camino hacia la paz vía los acuerdos, o el camino de la
guerra para alcanzar, por la vía de las armas, una victoria.
De ahí que el objetivo
que nos planteamos ha sido construir con la mayor velocidad posible,
una paz duradera a través de la política. El primer
paso fue detener el derramamiento de sangre.
Impacientarse y forzar las cosas,
nunca ha convenido. Movilizar a la población, por una
"paz total inmediata" sin una estrategia consensual
que sume a todas las fuerzas políticas y a la sociedad,
sólo aumenta las tensiones.
La solución política
implica que no hay paz imperativa, pues ésa sólo
podría alcanzarse con la derrota militar completa del
EZLN. La paz imperativa y la solución política
no son compatibles, como tampoco lo son la democratización
y la vía armada.
En la actual situación
de Chiapas, la posición del candidato del PRI, por los
efectos que ha tenido, se ha traducido en una especie de voto
de censura sobre mi trabajo, que dificulta más aún
la construcción de la paz.
Para alcanzar una estabilidad
política y económica duradera, lo que el país
necesita es conciliar los intereses legítimos con las
aspiraciones sociales y de cambio democrático; no recurrir
a la exclusión.
Para mí, actuar en la
política, en México, no ha sido para dar órdenes
a otros y ganar posiciones.
Para mí, la política
es un instrumento fundamental de la sociedad para realizar sus
propósitos; es evitar que se desintegre el poder y predominen
las divisiones y los intereses. Hoy esto sólo es posible
por la vía democrática.
Muchas gracias.
Discurso pronunciado por el
comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas,
Manuel Camacho Solís, el 16 de junio de 1994, en el Hotel
Stouffer Presidente, de la Ciudad de México, luego de
renunciar a su cargo ante el Presidente de México, Carlos
Salinas de Gortari.
16 de junio de 1994 |
