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A las ya de por sí difíciles
condiciones en las cuales la Comisión Nacional de Derechos
Humanos ha tenido que desarrollar su trabajo en la zona de los
Altos y la Selva de Chiapas, de las que el incidente del sábado
26 de febrero, en Altamirano, es representativo, se suma ahora
el aumento de los ataques que contra la institución lanzan
organismos internacionales no gubernamentales de Derechos Humanos,
como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Estas acusaciones e infundios
en nada favorecen las tareas de protección de las garantías
fundamentales que se están realizando en la zona de conflicto.
En la medida de sus posibilidades
y a pesar de no estar obligada a ello, la Comisión Nacional
ha querido brindar su apoyo a estos organismos compartiendo,
incluso, la información con la que se cuenta.
La respuesta a esta voluntad
se expresa en las manifestaciones que el lunes pasado hizo un
representante de Amnistía Internacional y, al día
siguiente, la agrupación denominada Human Rights Watch.
En múltiples ocasiones
la Comisión Nacional ha manifestado que en la tarea de
protección de los Derechos Humanos deben participar corresponsablemente
el Estado y la sociedad civil, incluso las organizaciones internacionales.
A ellas ningún obstáculo se les ha puesto para
que realicen sus investigaciones y siempre han sido bienvenidas.
No cabe duda que acusaciones
tan tendenciosas y unilaterales como las que estas agrupaciones
han hecho, pretenden deslegitimar la acción de la CNDH
lo que, de ninguna manera, puede conducir a un mayor y más
amplio respeto de los Derechos Humanos en Chiapas.
Es evidente que estas agrupaciones
responden negativamente a la convocatoria de esta institución
de sumar fuerzas, voluntades y convicciones en la lucha por la
defensa de las garantías fundamentales.
A su muy clara pretensión
de anular a la CNDH como instancia interna en la investigación
de violaciones a Derechos Humanos para, de esa forma, tener expedita
la vía de los organismos globales y regionales, la Comisión
Nacional responderá redoblando su trabajo y ofreciendo
a la sociedad mexicana más resultados.
Las amenazas, agresiones, insultos
e intimidaciones no nos arredran; por el contrario, nos estimulan
para trabajar con mayor intensidad.
La Comisión Nacional
ha querido trabajar con prudencia y energía para que su
labor favorezca el proceso de paz, sin dejar de documentar los
excesos que se hubieren cometido. En este sentido, pareciera
que ninguna de las 2 agrupaciones mencionadas se impuso del informe
preliminar dado a conocer por la CNDH el 22 de febrero de 1994,
en donde se dieron a conocer a la opinión pública
los avances logrados en algunos de los principales casos que
son del dominio de la sociedad.
Human Rights Watch acusa a la
CNDH de encubrimiento y complicidad en 3 casos:
a) La ejecución sumaria
de personas en el Mercado de Ocosingo;
b) la violación a la
neutralidad médica y el homicidio de 11 personas de un
hospital de Ocosingo, y
c) la tortura, desaparición
y muerte de 3 hombres del Ejido de Morelia.
Estas imputaciones no tienen
fundamento alguno. En relación con el primer caso, el
día 28 de enero, la Comisión Nacional informó
que en razón de sus pronunciamientos la Procuraduría
General de Justicia Militar y la Procuraduría General
de la República habían iniciado sendas averiguaciones
previas a fin de ubicar a los presuntos responsables de las probables
ejecuciones sumarias de 5 personas.
En cuanto al segundo caso, el
22 de febrero la CNDH expresó que dentro de todos los
graves casos que se encontraba estudiando estaba el de la fosa
común localizada en el Panteón de Ocosingo, habiéndose
ubicado que de los 11 cadáveres, en 2 casos se trataba
de personas de la población civil que, fuera de la clínica,
se interpusieron en la línea de fuego del EZLN y el Ejército
Mexicano; en un caso se trataba de un paciente hospitalizado
y, en otros dos, de acompañantes de enfermos que igualmente
se encontraban internados en la clínica.
Como en el caso anterior, a
partir de las investigaciones de la CNDH, la Procuraduría
General de Justicia Militar y la Procuraduría General
de la República iniciaron ya las averiguaciones previas
correspondientes para deslindar responsabilidades.
Con independencia de que la
CNDH continuará investigando estos casos, en su momento
examinará los resultados que alcancen las procuradurías
de justicia.
Finalmente, en cuanto al caso
de los 3 probables homicidios cometidos en el Ejido Morelia,
los medios de comunicación social han divulgado ampliamente
los esfuerzos que la CNDH ha venido realizando para documentar
la presunta violación. Esta investigación se encuentra
en proceso.
Los pronunciamientos de la Comisión
Nacional, en su calidad de OMBUDSMAN, deben estar basados en
pruebas y evidencias, no sólo en declaraciones e indicios.
La CNDH es un órgano de Derecho, no de conciencia o de
denuncia.
Cuando los citados organismos
no gubernamentales entiendan esta diferencia, seguramente la
buena relación, a la que indudablemente aspiramos, se
fortalecerá.
La Comisión Nacional
reitera su simpatía y apoyo a las ONG's nacionales que
actualmente conforman el cinturón de paz en San Cristóbal
de las Casas.
Comisión Nacional de
Derechos Humanos
Boletín de Prensa No. DGCS / 029 / 94
México, D.F., 1o. de marzo de 1994 |
