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En su informe preliminar sobre
el conflicto armado en Los Altos de Chiapas, el pasado 22 de
febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala
que ha recibido 76 quejas por presuntas violaciones a los derechos
humanos, supuestamente cometidas por elementos del Ejército
Mexicano.
Al respecto, la Procuraduría
General de Justicia Militar aclara que, de las 76 quejas que
menciona la propia Comisión, solamente ha sido notificada
de 46 de las cuales 40 ya fueron contestadas dentro del término
legal sin haber encontrado elementos de responsabilidad.
Las 6 restantes se encuentran
en proceso de investigación por parte de la Oficina de
Quejas y Atención a la Ciudadanía y en proceso
de averiguación previa tres casos, dos por hechos presumiblemente
ocurridos en Ocosingo y uno en Altamirano; indagatoria que se
está llevando a cabo con toda profundidad y acuciosidad.
Por su parte y no obstante que
para esta Secretaría es la Comisión Nacional de
Derechos Humanos el órgano constitucionalmente reconocido
para la protección de los derechos humanos en el territorio
nacional, se ha atendido también a la Red Nacional de
Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos", quien
presentó un listado de 127 supuestas violaciones, en las
que se presumía la participación de elementos militares,
lográndose resolver hasta el momento 93 de ellas, en las
que tampoco se tiene responsabilidad para el personal militar.
Las restantes 34 se encuentran
en proceso de investigación y pendientes de esclarecimiento
por parte de la Oficina de Quejas y Atención a la Ciudadanía.
Asimismo, se reitera a la opinión
pública que dicha Oficina de Quejas se encuentra permanentemente
abierta para recibir a cualquier persona que tenga que manifestar
alguna conducta indebida por parte del personal militar.
Para el instituto armado resulta
de la mayor importancia que sobre la conducta de sus integrantes
no quede el menor asomo de duda, ya que como se ha manifestado
reiteradamente a la opinión pública, cualquier
conducta contraria a la disciplina militar será castigada
conforme lo previene nuestro código de justicia militar;
con ello se trata de demostrar fehacientemente que las imputaciones
que en algunos casos se han lanzado en contra del personal del
Ejército Mexicano han sido solo injustas calumnias.
Secretaría de la Defensa
Nacional
Boletín de Prensa número 31
8 de marzo de 1994
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