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El primero de enero un grupo
armado atacó cuatro cabeceras municipales en Chiapas y
el cuartel del Ejército Mexicano en Rancho Nuevo.
Fallas en la información
política, deficiencias en la respuesta social y política
de las autoridades locales y también, hay que decirlo,
un cuidado excesivo durante los meses anteriores en no emprender
acciones preventivas de seguridad en una zona tensada por viejos
y nuevos conflictos sociales, étnicos y religiosos, hicieron
posible que sorprendiera al país --y también lo
entristeciera-- esta irrupción violenta en el inicio del
año.
El conflicto armado que surgió
en la selva de Chiapas tiene rasgos singulares. Se dio en una
zona de población reciente, en su gran mayoría
de indígenas que habían migrado desde Los Altos
durante los dos decenios anteriores, buscando colonizar nuevas
tierras y dejando atrás tradiciones y comunidad.
Es una zona geográficamente
aislada, con cerca de mil habitantes dispersos en pequeñas
comunidades y que, además, coincide con la diócesis
correspondiente.
Colinda con una región
donde la guerrilla centroamericana ha operado durante 35 años;
pertenece la mayor parte al municipio de Ocosingo, el segundo
más extenso del país, donde la simple distancia
entre la cabecera y los centros de población significa,
en ocasiones, días de traslado por veredas, cañadas
y montañas, y se transforma en lejanía entre la
autoridad y las comunidades.
Existen añejas desigualdades,
caciquismos locales, viejas tensiones incubadas por años,
quizá siglos, de abandono, agravio y maltrato a los indígenas.
De manera paradójica,
Chiapas es el estado de la República que más apoyo
federal ha recibido en estos años de la administración
--1,000% más que en 1989.
En salud, en educación,
en electrificación y agua potable, en apoyos a la producción
y a los grupos indígenas, en esquemas novedosos de financiamiento
para compras de tierras, en caminos y carreteras, Chiapas ha
sido notablemente apoyado entre los estados de la República.
Sus rezagos así lo justificaban
y lo siguen haciendo. Más del 8% del presupuesto de Solidaridad se destina
a Chiapas, que sólo tiene un poco más del 3% de la población
nacional.
A partir de agosto de 1993 se
inició un programa social especial, con recursos adicionales,
para la región de la selva y la de Los Altos. Todo este
gran esfuerzo abrió esperanzas en el estado, pero no fue
suficiente.
Por un lado avanzaban las expectativas
de cambio y por el otro persistían rezagos, rigideces
y fracturas.
Todos los aspectos anteriores
pueden invocarse como causas sociales del conflicto, pero no
son suficientes para explicar el movimiento.
Con el rezago social de la zona,
confluyó el trabajo de un grupo armado y entrenado, con
dirigentes locales y foráneos, y con un claro proyecto
político, antagónico al institucional.
Si la sola pobreza provocara
levantamientos, otras regiones del país y gran parte de
la humanidad que vive en condiciones similares o peores estarían
en revuelta permanente. No, la pobreza en sí no explica
la violencia armada.
Se trata, y este es un hecho
importante, del primer levantamiento armado surgido después
del final de la guerra fría.
Antes, cualquier movimiento
de esta naturaleza se ubicaba en el contexto del conflicto este-oeste
y, frente a los riesgos de una confrontación nuclear bipolar,
la respuesta de los países afectados siempre fue la misma:
el aniquilamiento a cualquier costo y con la menor difusión
posible.
Esos términos de referencia
han cambiado. Ya no puede pensarse en un movimiento de esa índole
como secuela de la lucha bipolar. Las respuestas pueden entonces
ser distintas y acordes con las sensibilidades políticas
nacionales.
El levantamiento de Chiapas
no careció, sin embargo, de una clara intención
internacional. Fue iniciado el día de la puesta en marcha
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo
debate había acaparado la atención mundial.
Sucedió tras la celebración
del quinto centenario del encuentro entre dos mundos, evento
que revaloró el interés por lo indígena
en los encontrados sentimientos del Viejo Continente.
Finalmente, se movilizó,
escudándose en el nombre más popular y noble de
las luchas sociales en México, el del zapatismo.
Con un diseño llamativo
y una estrategia de difusión que amplió su resonancia,
el grupo armado buscó rápidamente vincularse a
medios de comunicación dentro y fuera del país
y a movimientos sociales urbanos, en especial en la capital de
la República, donde inicialmente tuvo una cierta acogida.
La respuesta del gobierno tenía
que ser diferente, diferente a la manera como se habían
enfrentado situaciones parecidas en otros países, y también
diferente a como se enfrentó en México en el pasado.
Primero, en unos días,
el Ejército Mexicano rechazó el ataque a sus instalaciones,
disolvió los contingentes ubicados en las cabeceras municipales,
forzó el repliegue del grupo armado hacia la selva, estableció
un cerco y contuvo la amenaza.
Constitucionalmente, es obligación
del gobierno guardar y hacer guardar la paz interna y pública
del país.
A partir de este momento, decidimos
no optar por la persecupción del grupo dentro del territorio
de la selva, en busca de su aniquilamiento; eso hubiera dañado
la vida misma de las comunidades y hubiera sido incompatible
con nuestros valores.
Además, hubiera sido
ceder a la provocación del grupo armado que buscaba, con
la violencia generalizada, el descrédito de nuestras fuerzas
armadas, la repulsa social en el resto del país, el aislamiento
internacional de México y un escenario de tensión
política que pusiera en riesgo la realización de
los comicios federales.
Lo que debemos al Ejército
Mexicano por el éxito de la acción militar debe
medirse por las vidas mexicanas no perdidas y las opciones políticas
que su acción hizo posibles. Mi reconocimiento permanente
está con ellos.
Gracias a su efectiva intervención,
a sólo diez días de iniciado el conflicto, el gobierno
pudo tomar decisiones que, en otras latitudes y frente a conflictos
similares, han requerido años para gestarse.
Nosotros, por así decirlo,
empezamos por el final. Ordené el cese unilateral del
fuego por parte del Ejército Mexicano, designé
un Comisionado para la paz y se promovió la amnistía
ante el Congreso de la Unión, aprobada por todos los partidos
políticos.
Se fortalecieron, además,
las acciones sociales inmediatas en la región y se buscó
el diálogo político para encontrar una solución
negociada al conflicto.
El resultado fue un amplio respaldo
social a la iniciativa de paz, que elevó considerablemente
el costo político del recurso de la violencia por parte
del grupo armado.
En lugar de endurecerse y de
reducir el ejercicio de libertades, el gobierno las protegió
plenamente. Garantizó los derechos fundamentales de libre
expresión y libre tránsito, de reunión,
petición y manifestación.
Hicimos nuestro mayor esfuerzo
por evitar nuevos episodios violentos en esa zona y por dirimir
las diferencias por la vía del diálogo.
Con voluntad de paz y dentro
de las instituciones no hay límites para debatir en el
foro de las ideas --no con el uso de las armas-- las razones
y la dirección del cambio.
Pero la decisión de la
mayoría no puede violentarse en aras de una "libertad"
que ignora libertades y una "democracia" que menosprecia
a los electores.
La democracia no es un lema
del que pueda apropiarse un grupo armado; es un proceso nacional
que se dirime, y así se ha comprobado, en el marco de
la legalidad y de las instituciones.
En cumplimiento de las legítimas
demandas sociales planteadas en las negociaciones de San Cristóbal
se dio una inversión adicional extraordinaria para aminorar
las presiones por la posesión de tierras de cultivo, para
establecer servicios y resarcir a los miles de chiapanecos desplazados
de los daños que la violencia les causó.
A pesar de lo hecho hasta ahora,
más se necesita y por eso el esfuerzo continúa;
pero seguirá siendo insuficiente mientras no haya paz
en la zona y mientras no se cumpla la ley en el estado.
Sólo condiciones de respeto,
tolerancia y legalidad permitirán que en lugar de divisiones,
las comunidades violentadas cosechen unidad y armonía
para lograr la justicia que demandan y a la que, desde luego,
tienen derecho.
Reitero que transformar la confrontación
armada de los primeros días de enero en una negociación
política desde fines de ese mismo mes no fue una respuesta
usual en la historia del continente, pero era la única
acorde con los esfuerzos de modernización que hemos realizado
los mexicanos.
Requirió de flexibilidad,
de prudencia y de atención concentrada. La prioridad era
evitar la expansión del conflicto a otras regiones del
país, que pudiese impedir la celebración de las
elecciones federales.
El conflicto no está
resuelto, está acotado. Se mantiene el cese al fuego,
se detuvo la violencia, se evitó la pretensión
de internacionalizarlo, se realizó el proceso electoral
chiapaneco en toda la entidad y se avanza en la solución
de los problemas de fondo.
Hago aquí, ante la Representación
de la Nación, un nuevo llamado al diálogo, a negociar
términos para convertir el conflicto en programa de soluciones,
en respeto, civilidad y progreso.
Esto es lo que desean los mexicanos.
Hasta el final de mi mandato seguiré empeñado en
promover una paz digna para esa zona de Chiapas.
Sexto Informe de Gobierno
Presidente Carlos Salinas de Gortari
1o. de noviembre de 1994
(Extracto) |
