Diciembre 16, 1985. Discurso de Luis Donaldo Colosio.

Con su venia, señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados:

He pedido se me permita hacer uso de la palabra, para hacer algunas reflexiones sobre el contenido del dictamen que nos proponemos analizar y discutir ante esta honorable soberanía. Es también como el propósito de sintetizar aspectos medulares del dictamen y dejar constancia de los retos, de las inercias y de los rezagos que todavía prevalecen.

A nadie escapa, compañeros diputados, el importante y trascendencial significado que tiene el documento aquí analizado en esta Cámara de Diputados. Contrario a lo que algunos piensan, son estos los momentos que nuestra actividad como legisladores se fortalece: son estos los momentos en que nuestro papel de interlocutor se robustece.

El análisis de esta Cuenta Pública cobra aún mayor significado cuando lo ubicamos como el ejercicio fiscal de un año en que la sociedad mexicana demanda que se realice el gasto con transparencia, con eficiencia, con honestidad, cuando la sociedad demanda incrementos en productividad y que ante la restricción de recursos financieros exige se haga más con menos.

Un año en el que se ratifica la voluntad popular de que siga el Estado siendo rector de la economía, a través de su participación en áreas estratégicas de producción y de servicios; un año en el que se realiza el reclamo popular porque nuestro federalismo se fortalezca impulsando el dinamismo de nuestras regiones, explotando nuestros recursos de forma racional y fortaleciendo el desarrollo de nuestros municipios con autonomía, con participación y con decisiones vinculadas más con sus necesidades reales.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal es un documento complejo, como complejo es este país, como compleja es su economía, como compleja es su administración. Es en última instancia el resultado de la evolución de la economía de población y de su conducción política.

Sin embargo, esta complejidad en vez de aminorar los esfuerzos y el ahínco de esta legislatura por entender y enfrentar los problemas del país, ha sido acicate por esmerarnos en el análisis, en el entendimiento, en la profundización de lo que este importante documento nos dice a nosotros y al pueblo de México.

Y así lo hemos entendido en esta Legislatura y es por eso que nuestro dictamen contiene un capítulo específico de conclusiones y recomendaciones a nuestro órgano técnico que es la Contaduría Mayor de Hacienda, y por medio de ella al Ejecutivo Federal.

Con esta discusión que hoy iniciamos, culmina una parte del proceso de la revisión de la Cuenta Pública; para llegar a esta fecha tuvimos un intenso periodo de trabajo, trece reuniones con servidores públicos lo atestiguan.

Queremos dejar constancia aquí, de la responsabilidad de la mayoría de los integrantes de la comisión, que pusieron de manifiesto a lo largo de estos arduos meses de trabajo, con su actitud demostraron compromiso, honorabilidad, intención clara de solucionar los problemas de nuestro país y con ello, en síntesis, amor por México.

Pero ¿cuál es concretamente la obligación de esta Cámara de Diputados ante la soberanía popular en el análisis de la Cuenta Pública?; la Constitución es clara al respecto.

Nuestra obligación es de revisar la Cuenta Pública con el objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Estamos por lo tanto, compañeros diputados, ante la oportunidad de evaluar los avances y los logros en materia económica presupuestal. Pero también estamos obligados a dar testimonio de lo mucho que nos queda por hacer, de los rezagos y la marginación que nos quedan por vencer, de los cambios que debemos impulsar y las acciones que no debemos repetir, que debemos evitar.

El contexto global en que se desenvolvió nuestra economía durante 1984 fue particularmente difícil; por eso fue alentador constatar los avances en materia de reducción del déficit financiero, tendencia a la baja en el proceso inflacionario, incremento en el ahorro interno, incremento en el producto interno bruto, mantenimiento de los niveles de empleo, incremento de las exportaciones y protección de las reservas de divisas.

Ante la posibilidad de que México entrara después de 1982 a ritmos de inflación superiores al 100% y tasas de desempleo superiores al 15% como sucede desafortunadamente en varios países de nuestro continente, constatamos que en nuestro país se consolidó en 1984 la reversión de dichas tendencias tal como lo revelan las siguientes cifras.

Inflación alrededor del 60% menor en 20 puntos porcentuales a la de 1983; reducción del déficit presupuestal en relación al producto interno bruto del 15% en 1982 a 7.8 en 1983 y a 5.0 en 1984; incrementos en el producto interno bruto de 3.7 en 1984 frente a una reducción de menos 5.3 en 1983; superávit comercial de la balanza de pagos por más de 12 mil millones de dólares; incremento en la captación bancaria por más de 3 millones de pesos, cifra superior en casi dos billones registrados en el año anterior, crecimiento de empleo que permitió reducir las tasas de desocupación a niveles menores que los registrados durante 1983 con cifras inferiores al 6% en las principales zonas metropolitanas.

Durante el año de 1984, México se esforzó por segundo año consecutivo en combatir la crisis y su manifestación más dañina al bienestar social, como lo constituye la inflación. El saneamiento de las finanzas públicas, el ajuste del gasto sin descuidar las prioridades sociales, así como importantes instrumentos contra la inflación

En este sentido, nos pronunciamos por una vigencia del criterio de equidad en la distribución de los costos del ajuste económico, por lo que apoyamos la decisión de preservar y profundizar el programa de protección al salario y al consumo obrero, cuyas principales medidas consisten en el abastecimiento de productos básicos a precios reducidos en las tiendas de consumo popular, el otorgamiento de becas a hijos de trabajadores, el fortalecimiento de la seguridad y la justicia laboral, la desgravación fiscal a los asalariados, la exención del IVA a los productos de la canasta básica, y el mantenimiento de subsidios a los principales productos básicos y el transporte público.

Así, compañeros diputados, dentro de esta circunstancia, ¿cuál fue correctamente la gestión financiera del gasto federal presupuestal? Por el lado de los ingresos, el comportamiento de la recaudación de los impuestos y otros ingresos, así como los esfuerzos del Gobierno Federal para combatir la evasión fiscal, hicieron posible que los ingresos presupuestales ascendieran a 9 billones de pesos, monto superior en 7% al presupuestado originalmente, y 60% mayor al recaudado en el año precedente. Algo que es importante resaltar es que los ingresos adicionales hicieron posible que el 63% del gasto en 1984 se financiara con recursos ordinarios abatiendo el uso del crédito.

Por el lado del gasto, tenemos que diferenciar el gasto programable, que es con el cual se cubren los gastos de operación, gasto corriente, adquisiciones y de inversión. Este guardó un estricto apego a lo presupuestado originalmente, ascendiendo a un poco más de 6 billones de pesos.

El otro componente del gasto constituyen las participaciones a estados o municipios, los intereses, las comisiones de la deuda y las amortizaciones, ascendida a 6 billones 159 mil millones de pesos, incrementándose en un 19% por arriba de lo presupuestado originalmente.

Lo anterior es producto del elevado nivel al que se mantuvieron las tasas de interés internacionales, lo que asociado a mayor ritmo inflacionario sostuvo las tasas internas de interés por encima de lo previsto, originando que los intereses y los gastos de la deuda se basaran en el monto presupuestado.

En consecuencia, el gasto total ejercido se elevó a cerca de 8% por arriba de lo presupuestado originalmente. Esto podría considerarse como avance dentro de las dificultades que padecemos, si tomamos en consideración que el sobregiro en 1982 llegó a ser el 12% en 1983.

Como resultado de la favorable evolución de los ingresos y de la menor modificación observada en el gasto, déficit presupuestal del sector público, como proporción del producto, disminuyó de 15% en 1982, al 55 en 1984, ascendiendo en este ultimo año a un billón y medio de pesos que fue cubierto con un endeudamiento neto de un billón 536 mil millones de pesos. La diferencia se destinó a incrementar las disponibilidades del Banco de México.

El saldo de la deuda total del sector público presupuestario ascendió en 1984 a un monto poco más de los 18 billones de pesos, correspondiendo el 42.3% a deuda interna y el 57.7% a la deuda externa.

Digno de hacerse notar en el transcurso del año pasado es la realización de negociaciones con la comunidad financiera internacional, que permitieron la reprogramación de pagos de capital, del orden de 48 mil 700 millones de dólares, con vencimientos entre 1985 y 1990, y que representa el 70% de la deuda pública externa.

Con la reestructuración se mejoraron las condiciones de contratación de nuevos empréstitos, y se lograron importantes ahorros por conceptos de pagos de intereses, al cambiar la tasa preferencial de los Estados Unidos por la interbancaria de Londres como tasa de referencia.

En el marco de la reestructuración del gasto público, se establecieron como prioritarios los sectores de desarrollo social, comunicaciones y trasportes, desarrollo rural, abasto y desarrollo regional.

En materia de desarrollo social, la Comisión pudo constatar el esfuerzo que estuvo a ampliar la cobertura nacional de los servicios de la salud y de educación; los recursos destinados a la atención de la demanda de estos servicios ascendió a 1 mil 661 millones de pesos, que representa un crecimiento de un 64% en relación al año anterior, y 14.5% mayor al presupuesto original.

De este modo el 51% fue ejercido por el subsector educación, y el 49% se destinó a la salud y la seguridad social de los mexicanos.

Los sectores prioritarios ejercieron en total cerca de los 4 billones de pesos que representa el 56% del total erogado en 1984, aumentando su participación en 1.4 puntos porcentuales respecto a lo previsto originalmente.

En síntesis, compañeras y compañeros diputados, revisar la Cuenta Pública implica cumplir con una obligación constitucional, la forma en que lo hagamos es lo que va a dar contenido a nuestra función legislativa en materia hacendaría.

Tenemos varia maneras de enfrentar nuestra obligación. Cada una de ellas deriva en diferentes formas de entender la acción legislativa y la naturaleza de una Cuenta Pública.

Podemos, si los distintos partidos así lo consideran ponernos en el papel del contable, escudriñar lo que se aprobó y confrontar con lo que se gastó. Decirle al Ejecutivo que gastó más por aquí y menos por allá, que los recursos que esta Honorable Cámara de Diputados aprobó para que fuesen ejercidos cumplen, no cumplen o lo hacen a medias con racionalidad económica propia de contabilidades de empresas.

Nosotros creemos, señores diputados, que éste no es el papel que nos corresponde. Una cuenta pública tiene que ser más que eso. Estamos hablando de los recursos de la nación, su análisis nos debe conducir a una idea clara y cabal de cuál es el rumbo, de cómo se va concretando en cada área y en cada momento la política del Gobierno Federal. La Cuenta Pública nos da la película de cómo los momentos de la acción van constituyendo el rumbo de la nación.

Otra posibilidad es que sobrevaloremos la idea de fiscalización, que acentuemos nuestras funciones de controladores y atendamos sólo aquellas que consideremos desviadas o deshonestas.

Es cierto, tenemos que tener un juicio de las desviaciones de los recursos. Desviación que no necesariamente significa sustracción, negligencia o desidia, sino muchas veces también significa la presencia de imponderables. Pero no convirtamos ello en un juicio terminante sobre la eficacia y la honestidad de las dependencias del Ejecutivo.

Evaluemos razones y situaciones; si las explicaciones nos resultan insuficientes pidamos aclaraciones. No podemos hacer un juicio de la Cuenta Pública, comparando solamente aspiraciones con resultados. No podemos olvidar que la traducción de propósitos en acciones exige múltiples mediaciones, que la realidad para dominarla requiere que las acciones se adecúen, que se den rodeos y, a veces para avanzar con firmeza, aparentes retrocesos.

La Cuenta Pública es el reflejo de la política real del país; hagamos un juicio que sirva para evaluar el rumbo, para recomendar acciones, para proponer medidas que mejoren la acción pública; nuestra función es clara: revisar la Cuenta Pública, ser ante la nación los responsables de evaluar las razones de la acción, vigilar el ejercicio honesto de los recursos, recomendar y sugerir medidas que mejor conduzcan a las metas que nuestro pueblo demanda.

Ejerzamos la función legislativa con compromiso, con conciencia y con responsabilidad, busquemos ejercer nuestra función, respetuosamente de los demás poderes, de la misma manera que queremos el respeto de ellos; recomendemos medidas y acciones para que quien esté al tanto de la historia legislativa de nuestro país podrá darse cuenta de que éstas no caen en el saco roto de las cosas inservibles, así lo demuestra el cumplimiento de las 46 recomendaciones que la Cámara ha formulado en los diferentes decretos de revisión de la Cuenta Pública de 1979 a 1983.

Revisemos el comportamiento del Ejecutivo, hagámoslo dentro de la óptica amplia que concibe a la política económica inscrita en un proyecto global y moviéndose en un mundo de circunstancias y de hechos mutables de un momento a otro.

Ahí está el nudo que debemos desamarrar, razonarlo en su conjunto y en sus detalles, no con mentalidad de inquisidores, con juicios previamente elaborados y que no admiten la razón derivada del análisis juicioso.

Tengamos frente a la Cuenta Pública un debate de altura, defendamos nuestras razones y entendamos las de los otros, recomendemos asuntos y medidas, manifestemos nuestro juicio político sobre la marcha de los asuntos públicos.

Muchas gracias.