Diciembre 3, 1992. Discurso de Luis Donaldo Colosio.

Señor Presidente del senado de Chile, Don Gabriel Valdés;
Señor Presidente de la Cámara de Diputados de Chile,
Don José Antonio Viera Gallo;
Señor Fernando Zumbado;
Señoras y señores:

En primer lugar, quiero agradecer la deferencia para con este servidor al permitir que me dirija a ustedes en esta sesión inaugural y comparta algunas reflexiones, producto del trabajo que en materia de desarrollo social venimos experimentando y realizando en la República Mexicana.

Ante todo, debo decir que, a nuestro juicio, América Latina y el Caribe están empeñados en darse un nuevo futuro, fincado en mejores oportunidades para todos, con mayores libertades, mayor justicia y democracia.

Nuestra América participa con razones e iniciativas propias en el cambio del mundo y construye así su destino.

Por ello, amigas y amigos, tenemos necesidad de profundizar el diálogo regional. Nuestro espíritu latinoamericano debe expresarse no sólo en lo cultural, sino también en lo político y en lo económico.

No se trata - como muy bien dijo el Senador Valdés - de reproducir mecánicamente esquemas o de unificar linealmente nuestras políticas, sino de compartir experiencias y aprender unos de otros.

En síntesis, de hacer valer la identidad latinoamericana en nuestras distintas formas de actuar.

Por eso, cuando recibí la invitación para el seminario que hoy se inicia, decidí asistir gustoso, ya que considero de gran relevancia participar en este intercambio.

Es para mí un privilegio encontrarme de nuevo en este gran país que es Chile, que los mexicanos reconocemos y apreciamos, en el que la lucha por la democracia se ha dado con intensidad, pasión y talento. Me reconforta estar entre ustedes.

En primer término me referiré al tema de la política social y el desarrollo, como lo vemos en México, a la luz de nuestra propia experiencia. Y si ustedes me lo permiten, dividiré mi exposición en dos partes.

El primer aspecto tiene que ver con las características de lo que denominamos la nueva política social que en mi nación se ha diseñado e impulsado con el Presidente Salinas de Gortari a la cabeza.

Y luego, me gustaría ocuparme de algunos programas que se están llevando a cabo, cuyos resultados deseo compartir con ustedes, en particular el Programa Nacional de Solidaridad, que es el eje o la columna vertebral de la nueva política social en mi patria.

En México, como en muchos otros países de nuestra América Latina, después de los duros años del ajuste económico era inaplazable una propuesta radical y amplia de reformas, que colocara al desarrollo económico y social en el centro de la atención del Estado.

El nuevo arreglo que se está viviendo en mi nación, al igual que en otras del continente, parte de los logros alcanzados mediante tres reformas básicas: la de la economía, la política y la social. Las tres convergen en la reforma del Estado.

Y por eso seguí con mucha atención el discurso inaugural del Senador señor Valdés, porque los mexicanos, al igual que los nacionales de muchos otros países de América Latina debíamos formular o reformular el Estado que la situación exigía para cumplir con los fines de la patria, en un nuevo marco de desafíos, de retos, no sólo internos, sino también en la arena internacional.

En lo interno, los desafíos parten por brindar nuevas oportunidades productivas a más de 85 millones de compatriotas, en su mayoría jóvenes: Ocho de cada diez mexicanos son menores de 35 años, de tal suerte que la nuestra es una población joven, dinámica, en busca de nuevas oportunidades.

De ahí la necesidad urgente de recuperación del crecimiento económico, pero sobre nuevas bases que lo hagan perdurable y sólido.

También requeríamos una nueva vinculación con el mundo, tanto en lo económico, como en lo comercial y lo político; ampliación de libertades y de posibilidades de participación política para una sociedad - como dije antes - eminentemente joven, pero crítica, demandante, reclamante, informada y exigente.

El Estado, pues, tuvo que renovar su capacidad de conducción de la economía y, al mismo tiempo, de respuesta a las exigencias de justicia y de mayor participación política.

Con la crisis de los ochenta terminó la viabilidad de un tipo de Estado. Los mexicanos nos enfrentamos a varios dilemas: ¿Cómo tener finanzas sanas, cumplir con los compromisos de un alto endeudamiento, crecer y liberar recursos para satisfacer las urgencias sociales?

¿Cómo combatir rezagos acumulados sobre todo en la última década y, a la vez, ofrecer nuevas posibilidades a las generaciones venideras? y ¿cómo hacer todo esto a tiempo?

Por eso la reforma en México no podía ser superficial, parcial ni lenta; tenía que ser contundente, integral, con resultados en el corto plazo y generadora de nuevas posibilidades para el futuro.

Con la reforma, la energía y los recursos del Estado tuvieron un cambio de destinatario; ya no se trataría de una economía subsidiada, protegida e ineficiente; ahora el Estado promovería la competitividad y una nueva política social.

Por eso es que se desincorporaron las empresas que no son estratégicas, de acuerdo con la Constitución mexicana.

Se liberaron recursos que se orientaron, por un lado, a la disminución de la deuda interna; se renegoció la deuda externa y se modificó estructuralmente la composición del gasto público; se llamó a la corresponsabilidad de la sociedad.

Así, el crecimiento económico dejaba de ser sólo efecto de la inversión pública y pasaba a ser consecuencia de la actividad de la propia sociedad.

Los mexicanos vemos ya frutos de este importante cambio. Por una parte, contamos con un nuevo andamiaje en las finanzas públicas. En primer lugar, nuestra economía crece, por cuarto año consecutivo, por sobre el crecimiento demográfico.

Nos hemos quitado de encima el pesado y agobiante lastre de la deuda externa. Recuerdo que en 1987, siendo Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, por cada peso que se recaudaba en el país, 73 centavos se destinaban a pagar el servicio - ni siquiera el capital de la deuda externa - y los 25 centavos restantes se orientaban a la satisfacción de las necesidades de infraestructura y en lo social.

A la vuelta de los años, con la renegociación de la deuda externa que el país ha realizado, el panorama es exactamente a la inversa: por cada peso que se recauda, 25 centavos son para cumplir con nuestros compromisos externos, y los 75 restantes se destinan a los requerimientos sociales y de infraestructura de la nación.

Hemos ampliado los recursos fiscales, disminuido el gasto total del sector público en lo no estratégico y - como señalé anteriormente - reorientado el gasto, dada la transformación estructural del mismo.

No sólo hemos pasado del déficit financiero, que en 1988 ascendía a 12 puntos porcentuales sobre el Producto Interno Bruto, sino que para 1993, por primera vez en la historia económica moderna de México, habremos de tener un superávit fiscal de alrededor de uno por ciento sobre el Producto Interno Bruto.

Todo esto ha permitido la generación de recursos crecientes para la política social. En los últimos años, el gasto en este rubro se ha incrementado en más de 66 por ciento, en términos reales.

Actualmente, en el Congreso de la Unión de mi país está en discusión, por parte de los legisladores, la iniciativa sobre materia presupuestaria, enviada por el Presidente Salinas al poder legislativo.

En ella se considera, por cuarto año consecutivo, que más de 50 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación se destine a la inversión social, es decir, a rubros tan importantes como educación y vivienda y al Programa Nacional de Solidaridad, al cual habré de referirme en unos momentos más.

Así, deseo compartir con ustedes esta experiencia de nuestro país, consistente en que para avanzar en la reforma social, en la libertad - como la definimos en México - era necesaria una nueva estructura económica y financiera.

Pero algo nos ha quedado claro: que la economía, aún con sus nuevas bases y con su desarrollo en beneficio de las sociedad mexicana en general, por sí sola no era garantía para el desarrollo social.

Se necesitaba una política social deliberada por parte del Estado; se requería una reforma capaz de hacer de cada individuo un participante competitivo en la economía.

Se precisaba, en síntesis, de una reforma social cuyo objetivo ulterior fuera hacer de cada ciudadano un hombre libre, que no someta su voluntad ni esté atado ni limitado por carencias excesivas.

En un país que avanza en su modernización, era menester una mayor vinculación entre libertades y justicia, tal como se formuló en los orígenes del México moderno, en la Revolución Mexicana.

Y por eso, el Presidente Salinas ha llamado a este aliento reformador el liberalismo social. Se trata de una promoción de libertades para la justicia y de mayor justicia para ampliar libertades.

México, al igual que el resto de América Latina y el Caribe, participa de la cultura universal. Concebimos al Estado como el producto de un contrato social que expresa la voluntad de los ciudadanos; consideramos que la soberanía emana del pueblo y que se expresa a través de las formas de representación de la voluntad popular.

En la economía, consideramos que el hombre produce riqueza, que la intercambia por medio del mercado, que así se distribuye el ingreso y que éste es la base principal para la satisfacción de las necesidades. Pero sabemos que el mercado solo no es suficiente.

También sabemos que una democracia en condiciones de injusticia social y de pobreza extrema está amenazada.

A nuestro juicio, la libertad política debe estar en todo momento acompañada de opciones para resolver carencias y para brindar mejores oportunidades productivas. Por eso el desarrollo social es el propósito superior de la sociedad y el Gobierno.

El desarrollo social hace posible que el ideal económico y el ideal político de hombres que, por un lado, participan en el mercado con beneficios justos y, por el otro, en lo político, constituyen libremente gobiernos, se cumpla cabalmente.

Sin ese desarrollo social se frustran aquellos ideales de las comunidades modernas. En consecuencia, o la política social se traduce en voluntad y acción deliberada, o no existe, puesto que el mercado por sí sólo no la garantiza.

Justicia social y mercado hacen posible la competitividad y la eficiencia; justicia social y política consolidan libertades y democracia.

Este es el liberalismo social de la Revolución Mexicana, que cobra vigencia con Carlos Salinas de Gortari.

Sobre esta plataforma de una economía sana y en crecimiento, hemos podido ampliar sistemáticamente las acciones en materia de política social y, a la vez, ser congruentes para ofrecer expectativas de bienestar en las diferentes regiones de mi país en, a lo menos, dos ámbitos.

Por una parte, en lo referente a la elevación del bienestar social, haciendo posible que la sociedad en su conjunto vea atendidos sus derechos a educación, salud, nutrición, vivienda, consagrados en la Constitución, lo que denominamos el piso social básico.

Por otro, en relación al empleo productivo, porque - qué duda cabe - la manera más efectiva para elevar el bienestar es el empleo y el ingreso que éste genera. En este renglón vinculamos de manera novedosa política social y mercado.

Esta política social es la que hace que el conjunto de las acciones del gobierno y la sociedad contribuyan a la elevación del bienestar productivo para cohesionar, para unir.

Es una política social que ha decidido, por otra parte, no recurrir a ficciones ni a falsas promesas, que va al fondo de los problemas, que hace posible que, al mismo tiempo que gradualmente se recupera el salario y crece la oferta de empleo, mediante un buen funcionamiento de la economía, se incremente la capacidad de respuesta del Estado, para construir un piso social sobre el cual se desplieguen, sin trabas, las capacidades productivas de todos los mexicanos.

La política social, pues, que hemos puesto en marcha rechaza, entre otras cosas, la visión estrecha propia de quienes sólo son demandantes de servicios, por un lado, y de los oferentes de estos, por el otro.

Considera a los grupos sociales, en sus propias comunidades, como participantes, promotores, actores de su misma transformación y, al gobierno, como la instancia a la que le corresponde la iniciativa de coordinar.

Así es como ha nacido en mi país el Programa Nacional de Solidaridad.

Hoy en día, Solidaridad es ya no un programa de gobierno; es de la sociedad entera, porque los recursos que se destinan para la satisfacción de necesidades se asignan con pleno respeto a la decisión de la propia comunidad; es ésta la que, en los municipios de mi país, define las prioridades; ella es la que maneja los recursos para la satisfacción de aquellas necesidades.

Las comunidades se organizan en comités de solidaridad en donde se definen las prioridades del barrio, de la colonia, del ejido, del municipio en general.

Solidaridad trabaja en colonias populares, con campesinos y con indígenas. Los recursos se orientan hacia servicios sociales y de bienestar, hacia aspectos productivos y hacia el desarrollo regional.

Los resultados más importantes hasta ahora obtenidos hablan por sí solos: hemos construido más de mil nuevas unidades médicas en los últimos tres años; más de 68 hospitales; más de 70 mil nuevos espacios educativos.

Hemos lanzado un programa que - debo decir - es uno de los más emotivos: lo denominamos Escuela Digna.

Muchas de las escuelas construidas no habían recibido, desde su fundación, recursos para su mantenimiento. La dignificación de los espacios educativos hace que converjan los intereses de los padres de familia, los de los propios estudiantes y los del magisterio en general.

A través de Solidaridad se han becado en estos cuatro años a más de 500 mil niños, lo que significa proporcionarles recursos para su sustentación y su manutención.

De otra manera habrían de abandonar la escuela para dirigirse al mercado y ayudar al mantenimiento de sus familias.

Más de 8 millones y medio de habitantes se han visto beneficiados por primera vez con servicios de alcantarillado y drenaje; más de 11 millones de mexicanos cuentan, también por vez primera, con agua potable en sus hogares y más de 13 millones con servicios de electricidad domiciliaria.

También Solidaridad está presente en las comunidades indígenas, en más de mil 480 organizaciones de esa población, con toda clase de proyectos productivos y de desarrollo social.

En general, Solidaridad es - como dije anteriormente - el eje y la columna vertebral de la nueva política social.

Es la forma nueva de alcanzar, de acuerdo a las decisiones propias del pueblo de México, el mejoramiento productivo de las condiciones de vida de la población.

La sociedad, como las otras de nuestra América Latina, sin duda no es pasiva ni está sólo a la expectativa de lo que el gobierno decida.

Hace ya tiempo que la responsabilidad del desarrollo social dejó de ser única y exclusivamente del gobierno.

Señoras y señores.

Permítanme concluir señalando que la nueva política social a la que nos estamos avocando debe surgir, sin duda alguna, a partir de la reforma del Estado y de su concurrencia con la reforma económica y política; se trata de una reforma social en la libertad.

Ese es, en nuestro país, el liberalismo social que postula el gobierno del Presidente Salinas de Gortari. Sin populismo ni paternalismo y también sin actitudes patrimonialistas.

Debemos avanzar en una política social que exija trabajo, imaginación y dedicación de todos; que tenga por objetivo superior el ampliar libertades; que aprenda de la experiencia y que, frente a la magnitud de los retos, podamos, día por día, perfeccionar.

Nos falta un buen trecho por avanzar, pero estamos en el camino correcto.

Muchas gracias.