MANIFIESTO
A LA NACIÓN
Los pueblos, en su esfuerzo
constante por que triunfen los ideales de libertad y justicia, se
ven precisados en determinados momentos históricos a realizar
los mayores sacrificios.
Nuestra querida patria
ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que los mexicanos
no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos
nuestra independencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a
hacerse intolerable.
En cambio de esa tiranía
se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el Pueblo Mexicano,
porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene
por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer
a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido
los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente
personales, explotando sin escrúpulos todas las concesiones
y contratos lucrativos.
Tanto el Poder Legislativo
como el Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo;
la división de los Poderes, la soberanía de los Estados,
la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del ciudadano, sólo
existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de hecho, en México
casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial; la justicia
en vez de impartir su protección al débil, sólo
sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces,
en vez de ser los representantes de la Justicia, son agentes del Ejecutivo,
cuyos intereses sirven fielmente; las Cámaras de la Unión
no tienen otra voluntad que la del Dictador; los Gobernadores de los
Estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen
de igual manera las autoridades municipales.
De esto resulta que
todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedece a
una sola voluntad, al capricho del General Porfirio Díaz, quien
en su larga administración ha demostrado que el principal móvil
que lo guía es mantenerse en el poder a toda costa.
Hace muchos años
se siente en toda la República profundo malestar, debido a
tal régimen de Gobierno, pero el General Díaz, con gran
astucia y perseverancia, había logrado aniquilar todos los
elementos independientes, de manera que no era posible organizar ninguna
clase de movimiento para quitarle el poder de que tan mal uso hacía.
El mal se agravaba constantemente,
y el decidido empeño del General Díaz de imponer a la
Nación un sucesor y siendo este el Sr. Ramón Corral,
llevó ese mal a su colmo y determinó que muchos mexicanos,
aunque carentes de reconocida personalidad política puesto
que había sido imposible labrársela durante 36 años
de dictadura, nos lanzásemos a la lucha intentando reconquistar
la soberanía del pueblo y sus derechos en el terreno netamente
democrático.
Entre otros partidos
que tendían al mismo fin, se organizó el Partido Nacional
Antireeleccionista proclamando los principios de SUFRAGIO EFECTIVO
y NO REELECCION, como únicos capaces de salvar a la República
del inminente peligro con que la amenaza la prolongación de
una dictadura cada día más onerosa, más déspota
y más inmoral.
El Pueblo Mexicano secundó
eficazmente a ese partido y respondiendo al llamado que se le hizo,
mandó sus representantes a una Convención, en la que
también estuvo representado el Partido Nacionalista Democrático,
que así mismo interpretaba los anhelos populares.
Dicha Convención
designó sus candidatos para la Presidencia y Vice-Presidencia
de la República, recayendo esos nombramientos en el Sr. Dr.
Francisco Vázquez Gómez y en mí, para los cargos
respectivos de Vice-Presidente y Presidente de la República.
Aunque nuestra situación
era sumamente desventajosa porque nuestros adversarios contaban con
todo el elemento oficial, en el que se apoyaban sin escrúpulos,
creímos de nuestro deber, para mejor servir la causa del pueblo,
aceptar tan honrosa designación.
Imitando las sabias
costumbres de los países republicanos, recorrí parte
de la República haciendo un llamamiento a mis compatriotas.
Mis jiras fueron verdaderas
marchas triunfales, pues por doquiera el pueblo, electrizado con las
palabras mágicas de Sufragio Efectivo y No Reelección,
daba pruebas evidentes de su inquebrantable resolución de obtener
el triunfo de tan salvadores principios.
Al fin, llegó
un momento en que el General Díaz se dió cuenta de la
verdadera situación de la República y comprendió
que no podría luchar ventajosamente conmigo en el campo de
la Democracia y me mandó reducir a prisión antes de
las elecciones, las que se llevaron a cabo excluyendo al pueblo de
los comicios por medio de la violencia, llenando las prisiones de
ciudadanos independientes y cometiéndose los fraudes más
desvergonzados.
En México, como
República democrática, el poder público no puede
tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional y ésta
no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo
fraudulento.
Por este motivo, el
Pueblo Mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas
elecciones, y queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que
ofrecen las leyes de la República, en la debida forma pidió
la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados, a
pesar de que no reconocía en dicho cuerpo un origen legítimo
y de que sabía de antemano que no siendo sus miembros representantes
del pueblo, sólo acatarían la voluntad del General Díaz
a quien exclusivamente deben su investidura.
En tal estado las cosas,
el Pueblo, que es el único soberano, también protestó
de un modo enérgico contra las elecciones, en imponentes manifestaciones
llevadas a cabo en diversos puntos de la República, y si éstas
no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la
terrible presión ejercida por el gobierno, que siempre ahoga
en sangre cualquier manifestación democrática, como
pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otras partes.
Pero esta situación
violenta e ilegal no puede subsistir más.
Yo he comprendido muy
bien que si el Pueblo me ha designado como su candidato para la Presidencia,
no es porque haya tenido oportunidad de descubrir en mí las
dotes del estadista o del gobernante, sino la virilidad del patriota
resuelto a sacrificarse, si es preciso, con tal de conquistar la libertad
y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo oprime.
Desde que me lancé
a la lucha democrática sabía muy bien que el General
Díaz no acataría la voluntad de la Nación, y
el noble Pueblo Mexicano, al seguirme a los comicios, sabía
también perfectamente el ultraje que le esperaba; pero a pesar
de ello, el pueblo dió para la causa de la Libertad un numeroso
contingente de mártires cuando estos eran necesarios, y con
admirable estoicismo concurrió a las casillas a recibir toda
clase de vejaciones.
Pero tal conducta era
indispensable para demostrar al mundo entero que el Pueblo Mexicano
está apto para la democracia, que está sediento de libertad
y que sus actuales gobernantes no responden a sus aspiraciones.
Además la actitud
del pueblo antes y durante las elecciones, así como después
de ellas, demuestra claramente que rechaza con energía al gobierno
del General Díaz y que si se hubieran respetado sus derechos
electorales, hubiese sido yo el electo para Presidente de la República.
En tal virtud, y haciéndome
eco de la voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones
y quedando por tal motivo la República sin gobernantes legítimos,
asumo provisionalmente la Presidencia de la República, mientras
el pueblo designa, conforme a la ley, sus gobernantes.
Para lograr este objeto
es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo
título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral.
Con toda honradez declaro
que consideraría una debilidad de mi parte y una traición
al pueblo que en mí ha depositado su confianza, no ponerme
al frente de mis conciudadanos, quienes ansiosamente me llaman, de
todas parts del país, para obligar al General Díaz,
por medio de las armas, a que respete la voluntad nacional.
El Gobierno actual,
aunque tiene por origen la violencia y el fraude, desde el momento
que ha sido tolerado por el Pueblo, puede tener para las naciones
extranjeras ciertos títulos de legalidad hasta el 30 del mes
entrante en que expiran poderes; pero como es necesario que el nuevo
gobierno dimanado del último fraude, no pueda recibirse ya
del poder, o por lo menos se encuentre con la mayor parte de la Nación
protestando con las armas en la mano, contra esa usurpación,
he designado el DOMINGO 20 del entrante Noviembre, para que de las
seis de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la República
se levanten en armas bajo el siguiente
PLAN:
1o.- Se declaran nulas
las elecciones para Presidente y Vice-Presidente de la República,
Magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Diputados
y Senadores, celebradas en Junio y Julio del corriente año.
2o.- Se desconoce al
actual gobierno del General Díaz, así como a todas las
autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además
de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos
que podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando con los
elementos que el pueblo puso a su disposición para la defensa
de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso que registra
la historia de México.
3o.- Para evitar hasta
donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento revolucionario,
se declaran vigentes, a reserva de reformar oportunamente por los
medios constitucionales, aquellas que requieran reforma, todas las
leyes promulgadas por la actual administración y sus reglamentos
respectivos, a excepción de aquellas que manifiestamente se
hallen en pugna con los principios proclamados en este plan.
Igualmente se exceptúan
las leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan sancionado las
cuentas y manejos de fondos de todos los funcionarios de la administración
porfirista en todos sus ramos: pues tan pronto como la revolución
triunfe se iniciará la formación de comisiones de investigación
para dictaminar acerca de las responsabilidades en que hayan podido
incurrir los funcionarios de la Federación, de los Estados,
y de los Municipios.
En todo caso serán
respetados los compromisos contraídos por la administración
porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeros antes del 20
del entrante.
Abusando de la ley de
terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en
su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos,
ya por acuerdos de la Secretaría de Fomento, o por fallos de
los tribunales de la república.
Siendo de toda justicia
restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó
de un modo tan arbitrario, se declaran sujetos a revisión tales
disposiciones y fallos y se exigirá a los que los adquirieron
de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus
primitivos propietarios, a quienes pagarán también una
indemnización por los perjuicios sufridos.
Sólo en el caso
de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación
de este plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización
de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo.
4o.- Además de
la Constitución y Leyes vigentes, se declara ley suprema de
la República el principio de No-Reelección del Presidente
y Vice-Presidente de la República, Gobernadores de los Estados
y Presidentes Municipales, mientras se hagan las reformas constitucionales
respectivas.
5o.- Asumo el carácter
de Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, con las
facultades necesarias para hacer la guerra al Gobierno usurpador del
General Díaz. Tan pronto como la capital de la República
y más de la mitad de los Estados de la Federación estén
en poder de las fuerzas del Pueblo, el Presidente Provisional convocará
a elecciones generales extraordinarias para un mes después
y entregará el poder al Presidente que resulte electo, tan
pronto como sea conocido el resultado de la elección.
6o.- El Presidente Provisional
antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión
del uso que haya hecho de las facultades que le confiere el presente
plan.
7o.- El día 20
del mes de Noviembre, de las seis de la tarde en adelante, todos los
ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar
del poder a las autoridades que actualmente la gobiernan.
(Los pueblos que estén
retirados de las vías de comunicación lo harán
desde la víspera).
8o.- Cuando las autoridades
presenten resistencia armada, se obligará por la fuerza de
las armas a respetar la voluntad popular; pero en este caso las leyes
de la guerra serán rigurosamente observadas, llamándose
especialmente la atención sobre las prohibiciones relativas
a no usar balas expansivas, ni fusilar a los prisioneros. También
se llama la atención respecto al deber de todo mexicano de
respetar a los extranjeros en sus personas e intereses.
9o.- Las autoridades
que opongan resistencia a la realización de este plan, serán
reducidos a prisión para que se les juzgue por los tribunales
de la República cuando la revolución haya terminado.
Tan pronto como cada ciudad o pueblo recobre su libertad, se reconocerá
como autoridad legítima provisional, al principal Jefe de las
armas, con facultad para delegar sus funciones en algún otro
ciudadano caracterizado, quien será confirmado en su cargo
o removido por el Gobernador Provisional.
Una de las primeras
medidas del gobierno provisional será poner en libertad a todos
los presos políticos.
10o.- El nombramiento
de Gobernador Provisional de cada Estado que haya sido ocupado por
las fuerzas de la revolución, será hecho por el Presidente
Provisional. Este Gobernador tendrá estricta obligación
de convocar a elecciones para Gobernador Constitucional del Estado
tan pronto como sea posible, a juicio del Presidente Provisional.
Se exceptúan
de esta regla los Estados que de dos años a esta parte han
sostenido campañas democráticas para cambiar de gobierno,
pues en éstos se considerará como Gobernador Provisional
al que fue candidato de el pueblo, siempre que se adhiera activamente
a este plan.
En caso de que el Presidente
Provisional no haya hecho el nombramiento de Gobernador, que este
nombramiento no hubiera llegado a su destino o bien que el agraciado
no aceptare por cualquier circunstancia, entonces el Gobernador será
designado por votación entre todos los Jefes de las Armas que
operen en el territorio del Estado respectivo, a reserva de que su
nombramiento sea ratificado por el Presidente Provisional tan pronto
como sea posible.
11o.- Las nuevas autoridades
dispondrán de todos los fondos que se encuentren en las oficinas
públicas, para los gastos ordinarios de la administración
y para los gastos de la guerra, llevando las cuentas con toda escrupulosidad.
En caso de que esos fondos no sean suficientes para los gastos de
la guerra, contratarán empréstitos, ya sean voluntarios
o forzosos. Estos últimos sólo con ciudadanos o instituciones
nacionales.
De estos empréstitos
se llevará también cuenta escrupulosa y se otorgarán
recibos en debida forma a los interesados, a fin de que al triunfar
la revolución se les restituya lo prestado.
Transitorio. A.- Los
jefes de fuerzas voluntarias tomarán el grado que corresponda
al número de fuerzas a su mando. En caso de operar fuerzas
militares y voluntarias unidas, tendrá el mando de ellas el
jefe de mayor graduación, pero en caso de que ambos jefes tengan
el mismo grado, el mando será del jefe militar.
Los jefes civiles disfrutarán
de dicho grado mientras dure la guerra, y una vez terminada, esos
nombramientos, a solicitud de los interesados, se revisarán
por la Secretaría de Guerra que los ratificará en su
grado o los rechazará, según sus méritos.
B.- Todos los jefes,
tanto civiles como militares, harán guardar a sus tropas la
más estricta disciplina; pues ellos serán responsables
ante el Gobierno Provisional de los desmanes que cometan las fuerzas
a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido posible contener
a sus soldados y haber impuesto a los culpables el castigo merecido.
Las penas más
severas serán aplicadas a los soldados que saqueen alguna población
o que maten a prisioneros indefensos.
C.- Si las fuerzas y
las autoridades que sostienen al General Díaz fusilan a los
prisioneros de guerra, no por eso y como represalia se hará
lo mismo con los de ellos que caigan en poder nuestro; pero en cambio,
serán fusiladas dentro de las veinticuatro horas y después
de un juicio sumario, las autoridades civiles o militares al servicio
del General Díaz, que una vez estallada la revolución
hayan ordenado, dispuesto en cualquier forma, transmitido la orden
o fusilado a alguno de nuestros soldados.
De esta pena no se eximirán
ni los más altos funcionarios; la única excepción
será el General Díaz y sus ministros, a quienes en caso
de ordenar dichos fusilamientos o permitirlos, se les aplicará
la misma pena, pero después de haberlos juzgado por los tribunales
de la República, cuando haya terminado la revolución.
En el caso de que el
General Díaz disponga que sean respetadas las leyes de la guerra,
y que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus manos,
tendrá la vida salva, pero de todos modos deberá responder
ante los tribunales de cómo ha manejado los caudales de la
Nación y de cómo ha cumplido con la Ley.
D.- Como es requisito
indispensable en las leyes de la guerra que las tropas beligerantes
lleven algún uniforme o distintivo y como sería difícil
uniformar a las numerosas fuerzas del pueblo que van a tomar parte
en la contienda, se adoptará como distintivo de todas las fuerzas
libertadoras, ya sean voluntarias o militares, un listón tricolor,
en el tocado, o en el brazo.
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Conciudadanos: Si os
convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno
del General Díaz, no es solamente por el atentado que cometió
durante las útlimas elecciones, sino por salvar a la patria
del porvenir sombrío que la espera continuando bajo su dictadura
y bajo el gobierno de la nefanda oligarquía científica,
que sin escrúpulos y a gran prisa están absorbiendo
y dilapidando los recursos nacionales, y si permitimos que continúen
en el poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra:
habrán llevado al pueblo a la ignominia y lo habrán
envilecido; le habrán chupado todas sus riquezas y dejándolo
en la más absoluta miseria; habrán causado la bancarrota
de nuestras finanzas y la deshonra de nuestra patria, que débil,
empobrecida y maniatada, se encontrará inerme para defender
sus fronteras, su honor y sus instituciones.
Por lo que a mí
respecta, tengo la conciencia tranquila y nadie podrá acusarme
de promover la revolución por miras personales, pues está
en la conciencia nacional que hice todo lo posible por llegar a un
arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta renunciar mi candidatura
siempre que el General Díaz hubiese permitido a la Nación
designar aunque fuese al Vice-Presidente de la República; pero
dominado por incomprensible orgullo y por inaudita soberbia, desoyó
la voz de la Patria y prefirió precipitarla en una revolución
antes de ceder un ápice, antes de devolver al pueblo un átomo
de sus derechos, antes de cumplir aunque fuese en las postrimerías
de su vida, parte de las promesas que hizo en la Noria y Tuxtepec.
El mismo justificó
la presente revolución cuando dijo: "Que ningún
ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y
esta será la última revolución".
Si en el ánimo
del General Díaz hubiesen pesado más los intereses de
la Patria que los sórdidos intereses de él y de sus
consejeros hubiera evitado esta revolución haciendo algunas
concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo... ¡tanto mejor!
el camino será más rápido y más radical,
pues el pueblo mexicano en vez de lamentarse como un cobarde, aun
cobarde, aceptará como un valiente el reto, y ya que el General
Díaz pretende apoyarse en la fuerza bruta para imponerle un
yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a la misma fuerza para
sacudir ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para
reconquistar su libertad.
Conciudadanos: No vaciléis
pues un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores,
recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros
antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar.
Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos
en la victoria.
SUFRAGIO
EFECTIVO. NO REELECCION.
San Luis
Potosí, Octubre 5 de 1910.
FRANCISCO
I. MADERO
Nota.- El presente plan
sólo circulará entre los correligionarios de más
confianza hasta el 15 de Noviembre, desde cuya fecha se podrá
reimprimir; se divulgará prudentemente desde el 18 y profusamente
desde el 20 en adelante.
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